Mirko Lauer: El perro no estaba muerto, trabajaba en el Jurado

Aparte de tocar varios otros temas, la polémica TC-JNE es sobre si el Estado peruano paga o no sus deudas, o si devuelve o no lo que se le encargó. Parecía que el ensarte estatal estaba 100% desprestigiado, pero en realidad eso es solo para el caso de los grandes acreedores internacionales, cuyas ideas siempre tienen representación en los gobiernos.
Pero para la deuda interna la cosa es diferente. Por ejemplo los aportantes del seguro social, los del Fonavi, los jubilados de la Ley N°20530 o los tenedores de bonos de la Reforma Agraria pueden comulgar de una misma yuca. En todos los casos un grotesco argumento para no pagar es que la suma adeudada es demasiado grande para la caja fiscal.
Existen algunos casos en que se le ha logrado abrir la mano perromuertera al Estado, pero son los menos. La propuesta presidencial de que la Sunat pague intereses a la devolución de impuestos pagados en exceso (los cobra cuando el contribuyente entra en mora) es un paso muy razonable. Ojalá todavía lo veamos concretarse en esta generación.
Todo lo que se dejó de pagar al exterior desde que el gobierno de Juan Velasco empezara el endeudamiento en firme a mediados de los años 70 viene teniendo que ser devuelto con enormes intereses. No es lo que les ha sucedido a los peruanos sorprendidos por movidas fiscales expoliadoras para las que no parece haber sanción.
Por eso es tan importante la causa de los fonavistas. Está mucho más vinculada a la soberanía nacional que el lamento por Wong o la música de los cantores hiperpatriotas. Tiene que ver con ¿qué cajero es este ante cuya ventanilla los extranjeros cobran y los peruanos no? ¿Con qué clase de perro compararemos a los funcionarios que alientan esto?
Desde ahora podemos irnos preguntando qué hará el MEF cuando intereses extranjeros le toquen la puerta con un gran manojo de bonos de la Reforma Agraria en la mano. Empresas de fuera vienen comprando esos bonos por entre 10% y 20% de su valor nominal, con la certeza de que lograrán lo que no han podido hasta ahora los terratenientes expropiados.
No será una novedad cuando suceda. Un fondo-buitre como Elliott Associates ya le ha sacado al país en US$58 millones por una deuda que compró a una fracción de ese precio, todo esto con la colaboración de un tribunal de Bruselas. No nos sorprendamos de que sean ellos mismos los que están comprando los bonos.
¿Hay gringos comprando certificados de Fonavi? ¿Es eso posible? Si así fuera, quizás los fonavistas deberían formar una empresa en el exterior y constituirse en fondo-buitre, puesto que esa parece la única manera de cobrarle al Estado: ser extranjero. Un buen congresista norteamericano, por ejemplo, puede hacer milagros, llegado el momento.

La República, 10/01/2008

Gustavo Suárez de Freitas: Receta para acabar con el perro del hortelano

En su segunda entrega, el presidente García orienta su atención hacia el mayor perro del hortelano, el propio Estado. Esto es un buen avance con respecto al primer artículo, pero, en mi opinión, no acaba de dar en el blanco. La razón: todavía no identifica como el principal alimento del perro del hortelano la falta de una buena gobernanza, es decir, la falta de confianza respecto a que el Estado haga su papel de marcar la cancha y asegurar el juego limpio. Para desarrollar la idea, me referiré únicamente a los planteamientos señalados en la sección IV del artículo, principalmente el punto a) "sobre la reforestación en áreas ya deforestadas".
El mayor problema, desde mi punto de vista, es que García persiste en el error de no ver lo obvio: si tenemos 8 millones de hectáreas deforestadas es porque alguien hizo el trabajo. En otras palabras, tierras deforestadas, degradadas e improductivas no significan necesariamente tierras vacías ni sin dueño. Recordemos que el propio Estado ha promovido el desbosque de la Amazonía al exigirle al campesino colono que tale el bosque para así reconocer su posesión sobre la tierra, aun cuando en la mayoría de los casos la tierra no tenía aptitud agrícola. Esa es precisamente la razón de que el 80% de lo deforestado con fines agropecuarios no tenga actualmente tal uso.
No cabe duda de que reforestar estas tierras degradadas es una buena medida que generará enorme riqueza para el país. No es menos cierto que la propiedad es una necesidad para las inversiones en reforestación. El problema es el camino propuesto para llegar hasta ella. El Estado no puede simplemente decidir vender estos ocho millones de hectáreas deforestadas, con o sin ley, por la sencilla razón de que no todas son suyas. Puede que no haya títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos, pero sí existen derechos de posesión formalmente otorgados por el propio Estado, amén de otras posesiones de facto. Y no tengo la menor duda de que aun en aquellas áreas que, efectivamente, no sean por ahora reclamadas por nadie surgirán 'dueños' tan pronto se inicie un intento de otorgamiento.
No hace falta ser adivino para ver que el riesgo de conflicto social es grande. ¿Cómo evitarlo? Simple. Que el Estado haga su trabajo: titular a quienes tienen derechos, para lo cual no se requiere ninguna ley, solo trabajar. Así se generará de inmediato un mercado de tierras para reforestación, y el inversionista comprará al dueño del predio, o se asociará con él, como ya viene ocurriendo en aquellos lugares donde sí existen títulos. Todos ganan: el colono, el inversionista forestal y el país en su conjunto. ¿Por qué no ir por el mejor camino posible? ¿Por qué ir tras una ley que no soluciona el problema y que incluso representa un riego por la posibilidad de apertura a la venta de tierras con bosques primarios? Porque, cuando el Estado descubra lo problemático que puede resultar vender terrenos con gente adentro, entonces, ¿qué va a vender? El bosque o, mejor dicho, las tierras que aun tienen bosques primarios.
Para impulsar el uso de tierras y recursos en poder actualmente de las comunidades, la receta no es quitárselas. Social y ecológicamente, eso sería un error: necesitamos que la población rural sea parte de los beneficiarios, no espectadores excluidos. La receta es generar, desde el Estado, condiciones que generen confianza entre los actores económicos y posibiliten la inversión privada en asociación con las comunidades: reglas que den garantías a los contratos y un fondo de garantía del Estado contra el incumplimiento de las partes. Así, tanto comunidades como empresarios podrán trabajar juntos y sacar adelante, por ejemplo, plantaciones forestales industriales. Señor presidente, usted puso el tema sobre el tapete. Ahora, hagamos las cosas bien, que no es tan difícil.

Perú 21, 09/01/2008