Augusto Álvarez Rodrich: El lobo del hortelano

Lo del ‘perro’ es más que un plan económico.
HUARAZ. El intento de capturar Panamericana TV que acabó en papelón, la ineficacia para evitar la muerte por frío de niños en el ande, y el baño de sangre en la incursión policial para reabrir la carretera en la amazonía revelan –todo en una semana– que, en costa, sierra y selva, y para mal o para bien, la ejecución de planes en el gobierno suele ser mediocre.
Ante esos problemas, la respuesta oficial es arrogante, no reconoce el error y culpa a un tercero. Fernando Rospigliosi ha explicado muy bien ayer, en el portal Espacio Compartido, los graves errores de la operación policial en Bagua.
Pero ese desastre es muy grave y diferente de criolladas como querer controlar un canal, tanto por las muertes lamentables que se produjeron –de policías y de pobladores–, como porque, detrás de la opción tomada por el gobierno, se asoma una visión del Perú marcada por una vocación autoritaria, desprecio hacia quien discrepa del credo oficial, y hasta racismo.
Sin dejar de reconocer el papel nocivo del maximalismo radical en que devino Aidesep, el modo como el gobierno quiso ‘resolver’ la crisis amazónica revela que el pensamiento-guía del perro de hortelano es más que una estrategia económica, y que es la visión presidencial para relacionarse con el país.
Su respuesta y de los principales dirigentes apristas luego de las muertes de Bagua, sin aceptar responsabilidades evidentes, exigiendo detenciones que el propio presidente de la Corte Suprema vio con recelo, y exigiendo a la prensa el titular del día siguiente, refuerzan la sensación de que el gobierno ha entrado en una fase de endurecimiento que podría tener consecuencias relevantes durante el bienio que le queda.
Con sangre en el ojo y sed de venganza por las consecuencias de sus propios errores, el gobierno podría estarse metiendo en un viaje sin retorno al terreno de la intransigencia y de ‘no aguantar muchas pulgas’. Para un partido como el Apra, esto puede significar muchas cosas, varias no muy buenas.
Por ejemplo, poner la administración pública a hostilizar al que no le guste, usar jueces apristones –que son varios– para ídem, o presionar a los medios por una ‘prensa positiva’, es decir, que no critique mucho y que, mejor, adule al gobierno.
Contará con la colaboración entusiasta de sectores poco democráticos que, después de Bagua, se sienten ganadores y que creen que el progreso de largo plazo del país pasa por el disciplinamiento de ‘las corrientes disidentes’ y por no generar mucho ruido, para lo cual ya se alistan las nuevas baterías en varios medios de comunicación. Lástima por García, pues ese camino es poco democrático y lo llevará a terminar con el aplauso de los sectores más autoritarios y racistas del país.

La República, 07/06/2009

Augusto Álvarez Rodrich: El fin del perro del hortelano

Esta teoría ya probó un bocado envenenado.
Veinticuatro policías asesinados; un número indeterminado –pero quizá mayor– de pobladores muertos; nativos con cara pintada en son de guerra y sin ganas de retroceder; y el presidente insistiendo en que se trata de un complot contra la democracia de terroristas financiados por intereses extranjeros opuestos al progreso del Perú, componen un cóctel explosivo que ya cobró muchas vidas y que podría ponerse peor en el futuro.
A estas alturas es evidente que el gobierno, por más buena que fuera su intención, siguió una estrategia equivocada en la selva, sin un esfuerzo mínimo de entender la cosmovisión de sus pobladores, y cayendo en el facilismo agresivo de, como no compartían su punto de vista, calificarlos de ‘perros del hortelano’, de ignorantes y de terroristas.
Lo ocurrido constata el fracaso de la política realizada en Lima al ocuparse de asuntos trascendentales para zonas alejadas de la capital. El Ejecutivo y el Congreso se enredaron en un peloteo irresponsable con los decretos controversiales, y el resultado son las muertes lamentables de estos días.
Sospecho que algunos están felices por lo ocurrido en Bagua pues mete al gobierno en un túnel que les conviene y del que puede ser difícil salir. Evitar una mayor confrontación, con más bala y más muerte, puede verse como algo complicado en este momento dado el rumbo de colisión en el que están ambas partes. Pero eludir ese desenlace fatal más grave que el ya visto constituye ahora un objetivo fundamental.
Salvo que el presidente García esté dispuesto a extremar la situación con el riesgo de un mayor desangramiento, este es el momento de que actúe con una perspectiva de largo plazo. La arrogancia y la soberbia suelen ser malas compañeras de la grandeza indispensable en un estadista en la hora difícil.
Esto puede implicar el retiro del rollo que acusa a los nativos de terroristas (incluyendo su spot televisivo), y abrir un espacio de negociación nuevo quizá suspendiendo la aplicación de los decretos para crear el clima para una solución pacífica.
Un cambio de gabinete facilitaría el proceso, pero más importante será el cambio de actitud del presidente Alan García, con una actitud menos agresiva, reconociendo que su teoría del ‘perro del hortelano’ ya pasó a mejor vida, que no todos con los que debe conversar son empresarios elegantes que lo visitan en Palacio, y admitiendo que el daño que ya sufrió su gobierno en Bagua es grande, pero que este puede ser mayor si insiste en la ruta actual, pues el efecto imitación en muchas otras zonas puede ser una ola grande que no pueda pasar, construyendo un desenlace negativo e indeseable que ni él, ni los peruanos ni el país merecen.

La República, 09/06/2009

Javier Diz Canseco: Colmillos del perro del hortelano

Escindido y excluyente, el Perú volvió a estallar. La orden de García y su gabinete de desalojar –a sangre y fuego– a los nativos que ocupaban Corral Quemado y las zonas aledañas de la carretera Fernando Belaunde desató una cruenta ola de violencia. Tropa de choque, vehículos blindados y helicópteros, que lanzaban lacrimógenas y tiros, encendieron el fuego. Rápidamente corrió de los caseríos a Utcubamba y Bagua Chica, hasta la estación de bombeo # 6, donde 38 policías estaban retenidos. El balance es incierto, pues los cadáveres habrían sido echados al río, pero sabemos que decenas de nativos, civiles y policías han muerto, sus familias los lloran sin poder recuperarlos, y viejas cicatrices se reabren.
Cual cruzado medieval contra los infieles, García decidió poner fin a la demanda indígena que –con gran firmeza– enfrenta su plan de lotizar la Amazonía a favor de grandes extractores de materias primas y avasallar los derechos de las comunidades y al medioambiente.
Ahora, psicóticamente, es un complot, hasta internacional, una manipulación de nativos ignorantes. Pero García había advertido sus planes a las comunidades y pequeños propietarios rurales en “El Perro del Hortelano”. En octubre del 2007, identificó modernidad y progreso con gran inversión y transnacionales. Señaló: La inversión “necesita propiedad segura (de tierra), pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir”. Fue categórico: “La demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú”. Y recalcó: “…en todo el Perú (hay) tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Más claro ni el agua: la propiedad de los pobres “es aparente” e inútil por falta de capital. La propiedad real, que el Estado debe imponer: la gran propiedad.
Con las facultades legislativas que el Congreso le delegó para “adecuar la legislación al TLC-EEUU”, inescrupuloso y mañoso, creyó encontrar la oportunidad para imponer su visión revelada. Lanzó una ofensiva contra las comunidades y la Amazonía con DL inconsultos (violando el Convenio 169 de la OIT y otros) y provocó la reacción de los pueblos amazónicos. El afán de negociación fue inútil hasta que en agosto del 2008, con una huelga, arrancaron la derogatoria de dos DL y la revisión de otros. Regresaron la mecedora y el engaño. El 9 de abril se desató la segunda huelga. Pero ahora, el Congreso jugó con García y frustró la discusión y aprobación de sus mismos dictámenes por derogar los DL antiamazónicos. Entre tanto, Simon jugaba al “diálogo” y la mecedora, buscaba desconocer a los líderes de Aidesep y preparaba la represión.
El gobierno sabía que mucha gente de la zona era ex combatiente del Cenepa, reservista o rondero. Los nativos advirtieron que en esta lucha se les iba la vida, aunque no querían violencia. Movilizados masivamente, buscaron negociaciones diversas e infructuosas. Pero García presionaba al gabinete y a Cabanillas para acabar la protesta. Así nació la torpe operación del “día del medioambiente” –ahora supuesta respuesta a un complot– que, con las primeras muertes, desató las iras más hondas, los resentimientos más profundos y una cruenta y cruel sucesión de muertos y heridos. La condenable e inaceptable ejecución de policías detenidos y maniatados en la Bomba #6 revela que hay sectores que –sin dirección– pueden dar rienda suelta a toda clase de demonios.
Se persigue y descabeza la dirección de las comunidades nativas, Aidesep, lo que agudizará el caos y la respuesta desarticulada, mientras el mismo Presidente de la Corte Suprema denuncia la presión política sobre el PJ.
La situación ha convocado una Jornada Nacional de Lucha el 11 de junio y varios paros y movilizaciones regionales. Urge una salida: 1) El gobierno debería declarar temporalmente inaplicables (“vacatio legis”) los DL objetados, mientras el Congreso procesa las demandas de inconstitucionalidad y derogatoria; 2) El Congreso debiera colocar los temas en agenda y resolver, sin evadir su responsabilidad; 3) El gabinete Simon-Cabanillas debe irse y asumir su responsabilidad política en esta sangría; 4) Convocar a una investigación internacional de lo ocurrido, dadas las denuncias de Villa Stein sobre las presiones politicas al PJ, la ilegitimidad del Congreso y del Ejecutivo; 5) Nombrar una Comisión mediadora: quizás la defensora del Pueblo, los obispos amazónicos y Salomón Lerner (CVR); 6) Cesar la persecución a los dirigentes indígenas nacionales en Lima y levantar el Estado de Emergencia y toque de queda.
García, el gran responsable –que repite su brutal manejo de la revuelta de los penales de junio 1986–, debe irse. Y nosotros refirmarnos en una Constituyente que reconozca al Perú plurinacional y defienda sus recursos naturales, entre otros cambios, para refundarlo.

La República, 08/06/2009

El búfalo del hortelano

Una organización aguaruna del Cenepa ha presentado tres denuncias fundamentadas a la Direccción de Concesiones Mineras del ministerio de Energía.

Las tres se refieren al artículo 71 de la Constitución, que prohíbe a los extranjeros tener, ni directa ni indirectamente, minas o tierras dentro de los 50 kilómetros contiguos a cualquier tramo de nuestras fronteras.

Es cierto que ese mismo artículo estipula, como excepción, el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado en Consejo de Ministros.Sin embargo, ese no es el caso al que se refiere Zebelio Kayap, uno de los principales líderes de los aguarunas en el Cenepa.

El caso al que se refiere Zebelio Kayap es el de unos mineros peruanos que tenían concesiones en la zona reservada Santiago- Comaina y en el Parque Nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor. Esas concesiones se dieron a pesar de las advertencias que, originalmente, plantearon expertos del Inrena.

Esas advertencias constaron en el informe número 941, publicado el 8 de enero del 2008, y apuntaban, entre otras cosas, a lo siguiente:“...los petitorios mineros se encuentran ubicados en una zona de amortiguamiento, sobre un abanico de ríos que desembocan al río Cenepa, el mismo que ingresa, aguas abajo, a la Reserva Comunal Tuntanain, por lo que el desarrollo de actividades mineras en dichos petitorios conlleva una elevada probabilidad de contaminación...”

Presiones del alanismo corrupto y “perrohortelánico” llevaron al desaparecido Inrena a retractarse, aunque, curiosamente, sus especialistas no cambiaron un ápice sus puntos de vista ambientales. Fue una manera de dejar constancia de la situación de rehenes en que tuvieron que firmar el segundo documento.

En ese momento era dueña del denuncio la empresa minera Afrodita, de propiedad del empresario peruano Jorge Bedoya Torrico.

Bedoya, que tiene influencia en los círculos de poder del alanismo, fue uno de los que más presionó al Inrena para que “admitiera” que, a pesar de los peligros de polución, el proyecto fronterizo podía hacerse.

Meses después, sin embargo, Bedoya Torrico se olvidó del emprendimiento, dejó de lado su espíritu aventurero y, de un sopapo, le vendió la concesión entera a Dorato Perú, una empresa que ahora finge ser peruana pero que es más canadiense que Air Canada.

En efecto, Dorato Perú es la subsidiaria “nacional” de Dorato Resources, empresa canadiense que es parte del Grupo Cardero.Vicepresidente del Grupo Cardero es un gran amigo de Alan García. Se llama Carlos Ballón.

En la página electrónica de Cardero Resource Corporation se puede leer lo siguiente: “Carlos Ballón, VP South America.-A graduate from Colorado School of Mines and experienced mining engineer...Advisor to APRA (Mr. García’s party) to develop Peru’s current Mining Plan. Advisor to Scotia Bank Peru (former Banco Wiese) on settlement of Minera Milpo and Minera Atacocha (Peru’s largest Zn producers)...”Sí, señores: el señor Carlos Ballón, asesor del doctor Alan García en temas de minería, miembro principalísimo del equipo que diseñó el plan minero del gobierno aprista, es el hombre que, en nombre de la corporación canadiense que vicepreside, está detrás de la compra de la mina Afrodita.

Para que esa transacción fuese legal hubiese sido necesario cumplir con el requisito que establece el artículo 71 de la Constitución, es decir el decreto supremo “aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”.

Hasta donde sabemos ese decreto no ha sido promulgado. Y, por lo tanto, la presencia de esta mina de canadienses, por muy bien representada que esté por el señor Ballón, es ilegal porque se sitúa dentro de los 50 kilómetros de interdicción que señala el artículo 71.

Para los chinos que compraron Majaz, una de cuyas extensiones muerde la frontera con Ecuador, García sí expidió el decreto correspondiente. Esta vez ni siquiera se ha tomado la molestia. Total, la cosa queda casi en familia. Y con el Congreso pareciéndose cada vez más al Parque de las Leyendas, todo discurre suavemente.

En enero de este año el viceministro de Minas Felipe Isasi les juró a los aguarunas que era una mentira que la canadiense Dorato hubiese comprado la mina Afrodita.“Nos pidió que lo ayudásemos a encontrar pruebas del asunto”, dice un dirigente aguaruna.

Ahora, luego de las tres cartas denunciatorias presentadas una tras otra, ni el vice ni el ministro dicen nada. Como tampoco dicen nada cuando los aguarunas argumentan que la concesión minera jamás les fue consultada, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo.

Esa es la política del búfalo del hortelano. Eso es “poner en valor”. Eso es demostrar que “las riquezas del subsuelo pertenecen a todos los peruanos”. Con la intermediación de chinos y canadienses, claro está. Y con la participación de los amigos del doctor García.

La Primera, 23/05/2009

Alfredo Ferrero: CAN del hortelano

Tan de moda en el Perú que hasta los artículos del presidente García se refieren al "perro del hortelano", pocos conceptos se aplican tan bien como este a la CAN (Comunidad Andina de Naciones). Por coincidencia, además, en el diccionario de la Real Academia Española CAN significa "perro, mamífero canino".
Desde su fundación la CAN no ha sido capaz de consolidar adecuadamente el proceso de integración continental; ya han pasado 40 años. Si bien hay algunos éxitos, como la zona de libre comercio andina, han sido más los intentos fallidos y reveses y, sobre todo demoras, en entender cómo funciona el mundo hoy.
Desde que el Perú empezó a negociar acuerdos comerciales bilaterales comerciales, la CAN parecía más una camisa de fuerza que un grupo orientado a la integración con el resto del mundo, con los mercados más grandes. Parecía hecha para negociar entre nosotros y levantar las barreras hacia fuera, mismo castillo medieval.
La CAN se instituyó en 1969 como Pacto Andino y a lo largo de su historia fue incapaz de mantener a sus miembros originales. Se apartaron primero Chile, que negoció una ventana de acuerdos comerciales, y luego Venezuela, que creó el ALBA.
Ocho años de negociación nos llevó con el Mercosur hasta que el Perú apuró el proceso; luego el ALCA, que pretendía para el bloque andino un mismo arancel externo "común" que fue imposible de consensuar. Con el TLC con EE.UU. se empezaron a intensificar las diferencias: Perú y Colombia avanzaban, Ecuador quería pero no podía, y Bolivia nunca fue parte del proceso del TLC a pesar del interés del sector privado, especialmente, de Santa Cruz.
La negociación andina con Europa en bloque no avanza porque de los cuatro socios que quedan, dos no desean esa negociación. Si se mantiene esa dinámica será un proceso eterno pero no por la negociación sino por la falta de voluntad política.
Perú está en la fase de implementación del TLC con EE.UU. A duras penas y en forma discutible, violando la normativa del consenso andino, el Perú ha logrado pasar una norma para adecuar e implementar el capítulo de propiedad intelectual. Bolivia no solo no lo aprueba, sino que Evo le pide a Alan un debate sobre el TLC, que él mismo ni comprende; es decir, la CAN no hace ni deja que otros hagan, no avanza ni deja que otros avancen, esta es la CAN del hortelano. A pesar de que en forma discutible jurídicamente los países han modificado la normativa andina en este caso, eso no garantiza que hacia delante no encontremos más piedras en el camino.
Bolivia no logra resolver sus problemas internos, Ecuador preside la CAN y promueve una cumbre presidencial, como tantas otras que no han dado resultados, mientras García en Lima envía cartas a la UE para pedir una negociación bilateral. Venezuela pretende ayudar a Bolivia en crisis con declaraciones que ofenden el orgullo del ejército boliviano y mientras tanto la CAN se sigue desintegrando y el Perú esperando.
La CAN del hortelano necesita una reingeniería profunda para subsistir, que no creo posible en el actual escenario. Al Perú le queda como opciones, primero, mantenerse en la CAN y apostar tercamente por su modernización lo que es difícil con Evo y Correa. Segundo, la opción más radical, la de Chile y Venezuela, irse y mantener la zona de libre comercio andino. Y la tercera es la vía intermedia: renunciar a la condición de socio y solicitar la de asociado, sin voto y sin voz pero participando como Panamá, Chile y Brasil, es decir, solo declarativa o figurativamente.
Tal vez la decisión está cerca. Lo que está claro es que nunca antes el Perú había tenido tantas razones para hacer esta evaluación y tomar la decisión que más nos conviene como país.

el Comercio, 02/10/2008

Raúl Wiener: Un país de perros

Ya sabe el gobierno que el perro del hortelano también muerde. Se lo demostraron los pescadores y los armadores pequeños y medianos, y se lo están mostrando los amazónicos. Pero es sólo el comienzo. También las comunidades de sierra se rebelan contra el DL 1015 y el 1073 (facilita la venta de tierras) y las aledañas a los denuncios mineros que deben agregar la amenaza del 1064 (retira a las comunidades capacidad de decisión para la ejecución de proyectos mineros en sus territorios). Y en la lista siguen los trabajadores de las empresas públicas contra el 1031 (privatización), los portuarios contra el 1022 (concesión a operadores privados), las organizaciones de productores lecheros contra la 1035 (Ley Gloria), las poblaciones de la selva contra la 1090 (sobre fauna silvestre y explotación forestal, conocida como ley de la selva), y seguramente se unirán en algún momento los trabajadores de las medianas empresas convertidas en “pequeñas” para reducir los derechos laborales (DL 1086) y otros que recién van tomando conciencia de que han sido atropellados. El “síndrome del perro del hortelano” era una verdadera epidemia en el Perú, a pesar del ajuste y las reformas de los 90 y la persistencia en el modelo neoliberal los últimos 18 años. Y sus expresiones principales eran –como quedó estampado en artículos presidenciales publicados en “El Comercio”– la informalidad, la pequeña propiedad, la dispersión poblacional, los grupos laborales con acceso a derechos, las tradiciones comunales, etc., que son los blancos escogidos por más de cien decretos legislativos de los que la mayoría del país todavía no toma conciencia. ¿Quiénes no eran perros en esta tremenda purga lanzada por el poder político? El presidente nunca dejó dudas que los buenos eran aquí las grandes empresas y multinacionales que por el dinero que tienen pueden hacerse cargo de inmensas explotaciones, comprometerse en inversiones ambientales, otorgar mayores derechos laborales, introducir tecnología de punta, pagar más impuestos y realizar gasto regional y local. Estos comen (¡cómo comen!), pero dejan comer, a diferencia de los peruanos hijos de la crisis y de los modelos fallidos de nuestra historia, que bloquean la modernidad. Por lo menos eso es lo que cree el presidente y lo que está en la base de los nuevos conflictos que apuntan a extenderse.

Cuando alguien hace el análisis y llega a la conclusión que el 80% del país está equivocado y es una manga de perros, y que se puede gobernar para beneficiar al 1% y mantener la ilusión de una estrecha minoría, se produce un desequilibrio grave. Eso estamos viendo. Pero el gobierno quiere hacernos creer que Chávez, Humala y las ONG son los culpables de lo que está pasando.

La Primera, 20/08/2008

Carlos Castro: La ONP, el otro perro del hortelano

El 10 de diciembre del 2001, cuando tenía 80 años, Ubilde Suárez Cornejo, combativo dirigente de los jubilados, murió, tal vez como lo había soñado, en la última etapa de su vida, luchando por los derechos de sus compañeros. Lo irónico es que el presidente García, que en más de una oportunidad ha convocado a los jubilados a Palacio, no ha citado en ningún momento el caso de Ubilde Suárez y menos ha juzgado necesario dirigir crítica alguna al compañero jefe de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, institución indirectamente responsable de la muerte del líder de los pensionistas.
La Defensoría del Pueblo destapó esta semana la ineficacia de ese elefante conocido como la ONP y que en lugar de servir a los jubilados –que con toda justicia reclaman su derecho a una pensión digna– los esquilma y hace todo para robarles unos cuantos soles, mientras, en abierta contradicción con los fines para los que fue creada, paga millones a estudios de abogados para irse en contra de esos pensionistas. El estudio de la DP confirma además que los funcionarios de la ONP desconocen las leyes que garantizan los derechos previsionales.
Ahí está seguramemte la explicación de por qué cuando un trabajador inicia el vía crucis para su jubilación encuentra siempre a burócratas de la ONP insensibles a sus reclamos y que lo único que hacen es envolverlos en una maraña de papeles. Lo peor es que ninguno de los burócratas, que irónicamente viven con el sueldo de los jubilados, se toma el tiempo de darles alguna explicación. Las estadísticas de la Defensoría no mienten: hay 40 millones de documentos de reclamos sin digitalizar, 96 mil expedientes sin calificar, recursos de reconsideración y apelación que llevan más de un año de antigüedad sin que los recurrentes reciban respuesta alguna. Hay demora en la tramitación de los recursos y en la calificación de los expedientes y se desconocen abusivamente años de aportaciones, reintegros y pensiones devengadas.
El jefe de la ONP, José Luis Chirinos, no tuvo mejor respuesta, ante la andanada de críticas, que denunciar a supuestos pensionistas "apócrifos" que cobran sin ser jubilados, como si eso fuera lo central del problema, cuando su organización, como lo dicen los propios interesados, no les sirve para nada.
Hay hechos indignantes que no deberían continuar un día más. Destinar más de 14 millones de soles a estudios de abogados para enfrentar en el Poder Judicial las justas demandas de los pensionistas es una desvergüenza que subleva a los trabajadores. Una de las injusticias en las que incurre diariamente la ONP es la que se comete en contra de los miles de jubilados que tramitan su bono de reconocimiento o su pensión. Ellos presentan su solicitud con los documentos de las empresas en las que han laborado –muchas de las cuales ya están cerradas– y reciben como respuesta que los inspectores de la ONP no han podido verificar las constancias entregadas. El trabajador inicia entonces su propia búsqueda, para lo cual se le otorga un plazo de solo 15 días. Es decir que lo que los empleados del señor Chirinos no han podido lograr en meses o semanas el pensionista tiene que hacerlo en dos semanas. Pero lo peor viene después. Si el trabajador, al final de esa larga búsqueda, consigue los documentos que ameritan sus años de aportaciones al Seguro, la ONP le responde que, según "la Ley 27444", su reclamo ha expirado. Una ley no puede estar por encima de la Constitución, que en su artículo 2 señala el carácter irrenunciable de los derechos laborales de los trabajadores. Aquí es donde comienza la segunda parte de su vía crucis. El pensionista es obligado a presentar tres documentos ante la ONP, pero estos serán igualmente rechazados. Recién entonces podrá acudir al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si no puede pagar un abogado que elabore su demanda? Le han robado lo que con justicia le corresponde. El presidente García debería preguntarse si aquí, en la ONP, en el maltrato a los jubilados y en las pensiones que les roban, no está una de las explicaciones a la caída que tiene en su aprobación.

La República, 20/07/2008