El Poder Ejecutivo, cada vez más decidido en su política de gobernar el país por medio de Decretos Legislativos, pasando por encima de las atribuciones del Congreso, acaba de publicar el DL 1015 que, detrás del propósito aparente de uniformizar el régimen jurídico de las comunidades costeñas, andinas y nativas, busca alterar el tradicional sistema de votación vigente en ellas y considerar solo el 51% de los presentes, abandonando el sistema que obliga a que las decisiones importantes (léase venta de terrenos o disposición de bienes comunitarios; incluso disolución o cambio de régimen de la comunidad) tengan que tomarse por mayoría calificada, y en algunos casos por dos tercios de los votos de los comuneros.
Un proyecto semejante (el número 1992) había sido presentado por medio de la CPA al Congreso hace varios meses, mereciendo un dictamen negativo de la Comisión de Pueblos Indígenas. En estos días se esperaba su pase a otras comisiones, donde el sentir de los parlamentarios era el mismo. Curándose en salud, y adelantándose a una posible derrota, el Ejecutivo ha sacado el DL 1015, que en lo esencial propone lo mismo que el polémico proyecto de ley.
No es necesario ser zahorí para adivinar cuál es el objetivo oculto de este DL, sobre todo luego de que el presidente García pusiera a las comunidades en su interminable lista de "perros del hortelano". Una vez que el mencionado DL entre en vigencia, bastará que un mínimo de comuneros presente la iniciativa de vender las tierras comunales y se declare en asamblea, para que tal acuerdo pueda ser considerado válido. Obsérvese que no es otra la táctica de "penetración" de transnacionales en las comunidades reacias a permitir la explotación minera o petrolera en sus tierras: buscan dividir a sus miembros mediante ofertas, reales o fantasistas, tal como ahora mismo viene ocurriendo en Majaz.
Creemos que el Congreso debe tomar cartas en el asunto y ejercer su facultad constitucional de revisar y corregir toda norma legislativa dictada por el Ejecutivo para modificar o derogar este DL, discutible desde varios frentes. Históricamente, las comunidades costeñas, andinas y selváticas no son lo mismo: obedecen a distintas tradiciones y costumbres y, por consiguiente, puede discutirse este intento de "uniformizarlas".
Pero, además, se trata de una norma que, sin la menor duda, va a alterar la paz social y la estabilidad jurídica del país, enfrentando entre sí a los comuneros y dando paso a interminables procesos, cuando no a la violencia. Por lo mismo, las comunidades agredidas tienen la posibilidad de defenderse: para ello basta que presenten este DL a calificación por el Tribunal Constitucional. También 30 congresistas podrían hacerlo.
Un proyecto semejante (el número 1992) había sido presentado por medio de la CPA al Congreso hace varios meses, mereciendo un dictamen negativo de la Comisión de Pueblos Indígenas. En estos días se esperaba su pase a otras comisiones, donde el sentir de los parlamentarios era el mismo. Curándose en salud, y adelantándose a una posible derrota, el Ejecutivo ha sacado el DL 1015, que en lo esencial propone lo mismo que el polémico proyecto de ley.
No es necesario ser zahorí para adivinar cuál es el objetivo oculto de este DL, sobre todo luego de que el presidente García pusiera a las comunidades en su interminable lista de "perros del hortelano". Una vez que el mencionado DL entre en vigencia, bastará que un mínimo de comuneros presente la iniciativa de vender las tierras comunales y se declare en asamblea, para que tal acuerdo pueda ser considerado válido. Obsérvese que no es otra la táctica de "penetración" de transnacionales en las comunidades reacias a permitir la explotación minera o petrolera en sus tierras: buscan dividir a sus miembros mediante ofertas, reales o fantasistas, tal como ahora mismo viene ocurriendo en Majaz.
Creemos que el Congreso debe tomar cartas en el asunto y ejercer su facultad constitucional de revisar y corregir toda norma legislativa dictada por el Ejecutivo para modificar o derogar este DL, discutible desde varios frentes. Históricamente, las comunidades costeñas, andinas y selváticas no son lo mismo: obedecen a distintas tradiciones y costumbres y, por consiguiente, puede discutirse este intento de "uniformizarlas".
Pero, además, se trata de una norma que, sin la menor duda, va a alterar la paz social y la estabilidad jurídica del país, enfrentando entre sí a los comuneros y dando paso a interminables procesos, cuando no a la violencia. Por lo mismo, las comunidades agredidas tienen la posibilidad de defenderse: para ello basta que presenten este DL a calificación por el Tribunal Constitucional. También 30 congresistas podrían hacerlo.
La República, 22/05/2008
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