El 10 de diciembre del 2001, cuando tenía 80 años, Ubilde Suárez Cornejo, combativo dirigente de los jubilados, murió, tal vez como lo había soñado, en la última etapa de su vida, luchando por los derechos de sus compañeros. Lo irónico es que el presidente García, que en más de una oportunidad ha convocado a los jubilados a Palacio, no ha citado en ningún momento el caso de Ubilde Suárez y menos ha juzgado necesario dirigir crítica alguna al compañero jefe de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, institución indirectamente responsable de la muerte del líder de los pensionistas.
La Defensoría del Pueblo destapó esta semana la ineficacia de ese elefante conocido como la ONP y que en lugar de servir a los jubilados –que con toda justicia reclaman su derecho a una pensión digna– los esquilma y hace todo para robarles unos cuantos soles, mientras, en abierta contradicción con los fines para los que fue creada, paga millones a estudios de abogados para irse en contra de esos pensionistas. El estudio de la DP confirma además que los funcionarios de la ONP desconocen las leyes que garantizan los derechos previsionales.
Ahí está seguramemte la explicación de por qué cuando un trabajador inicia el vía crucis para su jubilación encuentra siempre a burócratas de la ONP insensibles a sus reclamos y que lo único que hacen es envolverlos en una maraña de papeles. Lo peor es que ninguno de los burócratas, que irónicamente viven con el sueldo de los jubilados, se toma el tiempo de darles alguna explicación. Las estadísticas de la Defensoría no mienten: hay 40 millones de documentos de reclamos sin digitalizar, 96 mil expedientes sin calificar, recursos de reconsideración y apelación que llevan más de un año de antigüedad sin que los recurrentes reciban respuesta alguna. Hay demora en la tramitación de los recursos y en la calificación de los expedientes y se desconocen abusivamente años de aportaciones, reintegros y pensiones devengadas.
El jefe de la ONP, José Luis Chirinos, no tuvo mejor respuesta, ante la andanada de críticas, que denunciar a supuestos pensionistas "apócrifos" que cobran sin ser jubilados, como si eso fuera lo central del problema, cuando su organización, como lo dicen los propios interesados, no les sirve para nada.
Hay hechos indignantes que no deberían continuar un día más. Destinar más de 14 millones de soles a estudios de abogados para enfrentar en el Poder Judicial las justas demandas de los pensionistas es una desvergüenza que subleva a los trabajadores. Una de las injusticias en las que incurre diariamente la ONP es la que se comete en contra de los miles de jubilados que tramitan su bono de reconocimiento o su pensión. Ellos presentan su solicitud con los documentos de las empresas en las que han laborado –muchas de las cuales ya están cerradas– y reciben como respuesta que los inspectores de la ONP no han podido verificar las constancias entregadas. El trabajador inicia entonces su propia búsqueda, para lo cual se le otorga un plazo de solo 15 días. Es decir que lo que los empleados del señor Chirinos no han podido lograr en meses o semanas el pensionista tiene que hacerlo en dos semanas. Pero lo peor viene después. Si el trabajador, al final de esa larga búsqueda, consigue los documentos que ameritan sus años de aportaciones al Seguro, la ONP le responde que, según "la Ley 27444", su reclamo ha expirado. Una ley no puede estar por encima de la Constitución, que en su artículo 2 señala el carácter irrenunciable de los derechos laborales de los trabajadores. Aquí es donde comienza la segunda parte de su vía crucis. El pensionista es obligado a presentar tres documentos ante la ONP, pero estos serán igualmente rechazados. Recién entonces podrá acudir al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si no puede pagar un abogado que elabore su demanda? Le han robado lo que con justicia le corresponde. El presidente García debería preguntarse si aquí, en la ONP, en el maltrato a los jubilados y en las pensiones que les roban, no está una de las explicaciones a la caída que tiene en su aprobación.
La Defensoría del Pueblo destapó esta semana la ineficacia de ese elefante conocido como la ONP y que en lugar de servir a los jubilados –que con toda justicia reclaman su derecho a una pensión digna– los esquilma y hace todo para robarles unos cuantos soles, mientras, en abierta contradicción con los fines para los que fue creada, paga millones a estudios de abogados para irse en contra de esos pensionistas. El estudio de la DP confirma además que los funcionarios de la ONP desconocen las leyes que garantizan los derechos previsionales.
Ahí está seguramemte la explicación de por qué cuando un trabajador inicia el vía crucis para su jubilación encuentra siempre a burócratas de la ONP insensibles a sus reclamos y que lo único que hacen es envolverlos en una maraña de papeles. Lo peor es que ninguno de los burócratas, que irónicamente viven con el sueldo de los jubilados, se toma el tiempo de darles alguna explicación. Las estadísticas de la Defensoría no mienten: hay 40 millones de documentos de reclamos sin digitalizar, 96 mil expedientes sin calificar, recursos de reconsideración y apelación que llevan más de un año de antigüedad sin que los recurrentes reciban respuesta alguna. Hay demora en la tramitación de los recursos y en la calificación de los expedientes y se desconocen abusivamente años de aportaciones, reintegros y pensiones devengadas.
El jefe de la ONP, José Luis Chirinos, no tuvo mejor respuesta, ante la andanada de críticas, que denunciar a supuestos pensionistas "apócrifos" que cobran sin ser jubilados, como si eso fuera lo central del problema, cuando su organización, como lo dicen los propios interesados, no les sirve para nada.
Hay hechos indignantes que no deberían continuar un día más. Destinar más de 14 millones de soles a estudios de abogados para enfrentar en el Poder Judicial las justas demandas de los pensionistas es una desvergüenza que subleva a los trabajadores. Una de las injusticias en las que incurre diariamente la ONP es la que se comete en contra de los miles de jubilados que tramitan su bono de reconocimiento o su pensión. Ellos presentan su solicitud con los documentos de las empresas en las que han laborado –muchas de las cuales ya están cerradas– y reciben como respuesta que los inspectores de la ONP no han podido verificar las constancias entregadas. El trabajador inicia entonces su propia búsqueda, para lo cual se le otorga un plazo de solo 15 días. Es decir que lo que los empleados del señor Chirinos no han podido lograr en meses o semanas el pensionista tiene que hacerlo en dos semanas. Pero lo peor viene después. Si el trabajador, al final de esa larga búsqueda, consigue los documentos que ameritan sus años de aportaciones al Seguro, la ONP le responde que, según "la Ley 27444", su reclamo ha expirado. Una ley no puede estar por encima de la Constitución, que en su artículo 2 señala el carácter irrenunciable de los derechos laborales de los trabajadores. Aquí es donde comienza la segunda parte de su vía crucis. El pensionista es obligado a presentar tres documentos ante la ONP, pero estos serán igualmente rechazados. Recién entonces podrá acudir al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si no puede pagar un abogado que elabore su demanda? Le han robado lo que con justicia le corresponde. El presidente García debería preguntarse si aquí, en la ONP, en el maltrato a los jubilados y en las pensiones que les roban, no está una de las explicaciones a la caída que tiene en su aprobación.
La República, 20/07/2008
