Alfredo Ferrero: CAN del hortelano

Tan de moda en el Perú que hasta los artículos del presidente García se refieren al "perro del hortelano", pocos conceptos se aplican tan bien como este a la CAN (Comunidad Andina de Naciones). Por coincidencia, además, en el diccionario de la Real Academia Española CAN significa "perro, mamífero canino".
Desde su fundación la CAN no ha sido capaz de consolidar adecuadamente el proceso de integración continental; ya han pasado 40 años. Si bien hay algunos éxitos, como la zona de libre comercio andina, han sido más los intentos fallidos y reveses y, sobre todo demoras, en entender cómo funciona el mundo hoy.
Desde que el Perú empezó a negociar acuerdos comerciales bilaterales comerciales, la CAN parecía más una camisa de fuerza que un grupo orientado a la integración con el resto del mundo, con los mercados más grandes. Parecía hecha para negociar entre nosotros y levantar las barreras hacia fuera, mismo castillo medieval.
La CAN se instituyó en 1969 como Pacto Andino y a lo largo de su historia fue incapaz de mantener a sus miembros originales. Se apartaron primero Chile, que negoció una ventana de acuerdos comerciales, y luego Venezuela, que creó el ALBA.
Ocho años de negociación nos llevó con el Mercosur hasta que el Perú apuró el proceso; luego el ALCA, que pretendía para el bloque andino un mismo arancel externo "común" que fue imposible de consensuar. Con el TLC con EE.UU. se empezaron a intensificar las diferencias: Perú y Colombia avanzaban, Ecuador quería pero no podía, y Bolivia nunca fue parte del proceso del TLC a pesar del interés del sector privado, especialmente, de Santa Cruz.
La negociación andina con Europa en bloque no avanza porque de los cuatro socios que quedan, dos no desean esa negociación. Si se mantiene esa dinámica será un proceso eterno pero no por la negociación sino por la falta de voluntad política.
Perú está en la fase de implementación del TLC con EE.UU. A duras penas y en forma discutible, violando la normativa del consenso andino, el Perú ha logrado pasar una norma para adecuar e implementar el capítulo de propiedad intelectual. Bolivia no solo no lo aprueba, sino que Evo le pide a Alan un debate sobre el TLC, que él mismo ni comprende; es decir, la CAN no hace ni deja que otros hagan, no avanza ni deja que otros avancen, esta es la CAN del hortelano. A pesar de que en forma discutible jurídicamente los países han modificado la normativa andina en este caso, eso no garantiza que hacia delante no encontremos más piedras en el camino.
Bolivia no logra resolver sus problemas internos, Ecuador preside la CAN y promueve una cumbre presidencial, como tantas otras que no han dado resultados, mientras García en Lima envía cartas a la UE para pedir una negociación bilateral. Venezuela pretende ayudar a Bolivia en crisis con declaraciones que ofenden el orgullo del ejército boliviano y mientras tanto la CAN se sigue desintegrando y el Perú esperando.
La CAN del hortelano necesita una reingeniería profunda para subsistir, que no creo posible en el actual escenario. Al Perú le queda como opciones, primero, mantenerse en la CAN y apostar tercamente por su modernización lo que es difícil con Evo y Correa. Segundo, la opción más radical, la de Chile y Venezuela, irse y mantener la zona de libre comercio andino. Y la tercera es la vía intermedia: renunciar a la condición de socio y solicitar la de asociado, sin voto y sin voz pero participando como Panamá, Chile y Brasil, es decir, solo declarativa o figurativamente.
Tal vez la decisión está cerca. Lo que está claro es que nunca antes el Perú había tenido tantas razones para hacer esta evaluación y tomar la decisión que más nos conviene como país.

el Comercio, 02/10/2008

Raúl Wiener: Un país de perros

Ya sabe el gobierno que el perro del hortelano también muerde. Se lo demostraron los pescadores y los armadores pequeños y medianos, y se lo están mostrando los amazónicos. Pero es sólo el comienzo. También las comunidades de sierra se rebelan contra el DL 1015 y el 1073 (facilita la venta de tierras) y las aledañas a los denuncios mineros que deben agregar la amenaza del 1064 (retira a las comunidades capacidad de decisión para la ejecución de proyectos mineros en sus territorios). Y en la lista siguen los trabajadores de las empresas públicas contra el 1031 (privatización), los portuarios contra el 1022 (concesión a operadores privados), las organizaciones de productores lecheros contra la 1035 (Ley Gloria), las poblaciones de la selva contra la 1090 (sobre fauna silvestre y explotación forestal, conocida como ley de la selva), y seguramente se unirán en algún momento los trabajadores de las medianas empresas convertidas en “pequeñas” para reducir los derechos laborales (DL 1086) y otros que recién van tomando conciencia de que han sido atropellados. El “síndrome del perro del hortelano” era una verdadera epidemia en el Perú, a pesar del ajuste y las reformas de los 90 y la persistencia en el modelo neoliberal los últimos 18 años. Y sus expresiones principales eran –como quedó estampado en artículos presidenciales publicados en “El Comercio”– la informalidad, la pequeña propiedad, la dispersión poblacional, los grupos laborales con acceso a derechos, las tradiciones comunales, etc., que son los blancos escogidos por más de cien decretos legislativos de los que la mayoría del país todavía no toma conciencia. ¿Quiénes no eran perros en esta tremenda purga lanzada por el poder político? El presidente nunca dejó dudas que los buenos eran aquí las grandes empresas y multinacionales que por el dinero que tienen pueden hacerse cargo de inmensas explotaciones, comprometerse en inversiones ambientales, otorgar mayores derechos laborales, introducir tecnología de punta, pagar más impuestos y realizar gasto regional y local. Estos comen (¡cómo comen!), pero dejan comer, a diferencia de los peruanos hijos de la crisis y de los modelos fallidos de nuestra historia, que bloquean la modernidad. Por lo menos eso es lo que cree el presidente y lo que está en la base de los nuevos conflictos que apuntan a extenderse.

Cuando alguien hace el análisis y llega a la conclusión que el 80% del país está equivocado y es una manga de perros, y que se puede gobernar para beneficiar al 1% y mantener la ilusión de una estrecha minoría, se produce un desequilibrio grave. Eso estamos viendo. Pero el gobierno quiere hacernos creer que Chávez, Humala y las ONG son los culpables de lo que está pasando.

La Primera, 20/08/2008

Carlos Castro: La ONP, el otro perro del hortelano

El 10 de diciembre del 2001, cuando tenía 80 años, Ubilde Suárez Cornejo, combativo dirigente de los jubilados, murió, tal vez como lo había soñado, en la última etapa de su vida, luchando por los derechos de sus compañeros. Lo irónico es que el presidente García, que en más de una oportunidad ha convocado a los jubilados a Palacio, no ha citado en ningún momento el caso de Ubilde Suárez y menos ha juzgado necesario dirigir crítica alguna al compañero jefe de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, institución indirectamente responsable de la muerte del líder de los pensionistas.
La Defensoría del Pueblo destapó esta semana la ineficacia de ese elefante conocido como la ONP y que en lugar de servir a los jubilados –que con toda justicia reclaman su derecho a una pensión digna– los esquilma y hace todo para robarles unos cuantos soles, mientras, en abierta contradicción con los fines para los que fue creada, paga millones a estudios de abogados para irse en contra de esos pensionistas. El estudio de la DP confirma además que los funcionarios de la ONP desconocen las leyes que garantizan los derechos previsionales.
Ahí está seguramemte la explicación de por qué cuando un trabajador inicia el vía crucis para su jubilación encuentra siempre a burócratas de la ONP insensibles a sus reclamos y que lo único que hacen es envolverlos en una maraña de papeles. Lo peor es que ninguno de los burócratas, que irónicamente viven con el sueldo de los jubilados, se toma el tiempo de darles alguna explicación. Las estadísticas de la Defensoría no mienten: hay 40 millones de documentos de reclamos sin digitalizar, 96 mil expedientes sin calificar, recursos de reconsideración y apelación que llevan más de un año de antigüedad sin que los recurrentes reciban respuesta alguna. Hay demora en la tramitación de los recursos y en la calificación de los expedientes y se desconocen abusivamente años de aportaciones, reintegros y pensiones devengadas.
El jefe de la ONP, José Luis Chirinos, no tuvo mejor respuesta, ante la andanada de críticas, que denunciar a supuestos pensionistas "apócrifos" que cobran sin ser jubilados, como si eso fuera lo central del problema, cuando su organización, como lo dicen los propios interesados, no les sirve para nada.
Hay hechos indignantes que no deberían continuar un día más. Destinar más de 14 millones de soles a estudios de abogados para enfrentar en el Poder Judicial las justas demandas de los pensionistas es una desvergüenza que subleva a los trabajadores. Una de las injusticias en las que incurre diariamente la ONP es la que se comete en contra de los miles de jubilados que tramitan su bono de reconocimiento o su pensión. Ellos presentan su solicitud con los documentos de las empresas en las que han laborado –muchas de las cuales ya están cerradas– y reciben como respuesta que los inspectores de la ONP no han podido verificar las constancias entregadas. El trabajador inicia entonces su propia búsqueda, para lo cual se le otorga un plazo de solo 15 días. Es decir que lo que los empleados del señor Chirinos no han podido lograr en meses o semanas el pensionista tiene que hacerlo en dos semanas. Pero lo peor viene después. Si el trabajador, al final de esa larga búsqueda, consigue los documentos que ameritan sus años de aportaciones al Seguro, la ONP le responde que, según "la Ley 27444", su reclamo ha expirado. Una ley no puede estar por encima de la Constitución, que en su artículo 2 señala el carácter irrenunciable de los derechos laborales de los trabajadores. Aquí es donde comienza la segunda parte de su vía crucis. El pensionista es obligado a presentar tres documentos ante la ONP, pero estos serán igualmente rechazados. Recién entonces podrá acudir al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si no puede pagar un abogado que elabore su demanda? Le han robado lo que con justicia le corresponde. El presidente García debería preguntarse si aquí, en la ONP, en el maltrato a los jubilados y en las pensiones que les roban, no está una de las explicaciones a la caída que tiene en su aprobación.

La República, 20/07/2008

El plomo del hortelano

Hugo Villa, integrante del Movimiento por la Salud de La Oroya, aseguró que una gran cantidad de recién nacidos de ese lugar tienen elevados niveles de plomo en la sangre por la explotación minera de la zona. A pesar de los comprobados daños que la minería produce a la agricultura, al ambiente y la salud de los campesinos, el Ejecutivo sigue empeñado en imponer más compañías mineras.

La Primera, 09/06/2008

“García: perrito faldero de las transnacionales”

El destacado sociólogo e historiador Nelson Manrique habla sobre el Presidente y las erráticas medidas de su gobierno.

Nelson Manrique analiza las últimas medidas auspiciadas por el presidente García. Habla, entre otras cosas, del Decreto Legislativo anticomunidades 1015, del ingreso de tropas norteamericanas, la pretensión reeleccinista y la tendencia autoritaria y represiva.

–El Decreto Legislativo 1015, que facilita la venta de comunidades nativas, ¿justifica las anunciadas protestas de los comuneros?

–Largamente, las comunidades son muy fuertes y creo que los asesores que han armado este decreto legislativo no saben en qué se han metido. Han pateado el avispero.

–Algunos sostienen que se debe a la tozudez del presidente García, quien incluso lo adelantó en su serie periodística ‘El Perro del Hortelano’.

–Esa es una especie de conversión al neoliberalismo de caricatura. Lo de García es de historieta. No hay ningún balance, no es que haya evaluado los errores de su primer gobierno y se haya puesto objetivos para recuperar el tiempo perdido...

–Es que el presidente García no se equivoca…

–(Risas) Claro, pero por hablar tanto del perro del hortelano se ha convertido en el perrito faldero de las grandes transnacionales. Es triste.

–¿Y en esta línea se puede enmarcar el ingreso, casi a escondidas, de militares norteamericanos a nuestro territorio

En efecto, eso es realmente preocupante. Hay que recordar que la base aérea de Manta, en Ecuador, se va a cerrar el próximo año y Estados Unidos, a partir del 2 de julio, tiene planeado volver a patrullar toda América Latina. Hay que recordar, además, la existencia del Plan Colombia. En ese contexto, es preocupante el ingreso de más de un millar de soldados norteamericanos a una zona de guerra en el Perú (el VRAE). El gobierno se está allanando a Estados Unidos y el ministro Ántero Flores Aráoz está haciendo de taparrabos.

–Y el Apra no quiere que Flores Aráoz vaya al Congreso a explicar el ingreso de los militares extranjeros.

–Esa es, precisamente, una razón más para que se presente en el Congreso. El Apra tiene que actuar de forma más transparente. No puedo afirmar que el Apra está fomentado la instalación de una base norteamericana en el país, pero hay muchas dudas. Este es un problema mayor que puede afectar la soberanía nacional. No es como el problema de los patrulleros de Alva Castro. Este puede ser un problema grave.

–Se han anunciado varios paros y marchas para julio: campesinos en Ayacucho, los mineros, la CGTP, el Sutep. ¿Teme usted una represión violenta durante estas jornadas?

–Bueno, toda la retórica de García apunta eso. Es preocupante porque, además, sigue sin esclarecerse la muerte de los campesinos de Ayacucho (durante el paro del 19 febrero). Es alucinante que seamos el único país en el mundo en que el Presidente diga a los policías: primero disparen, luego piensen. Es peligroso y lo es más porque gran parte de la prensa se calla. García representa a un sector del país que quiere mano dura, la burguesía que piensa a muy corto plazo y que genera escenarios de conflicto. La gente en la calle tiene miedo. Necesitamos un Estado que respete las diferencias.

–Pero el discurso oficial va por el otro lado, busca la confrontación…

–Y alimenta las tendencias más extremistas tanto de la derecha como de la izquierda. Alienta la fuerza bruta cuando debiera alentar una democracia verosímil en que la gente sienta que la justicia es para todos. Algo que en el Perú suena a mal chiste. El gobierno no busca que todos vayamos por el mismo camino.

–Hablando de caminos, a casi dos años del gobierno de Alan, ¿usted encuentra algún objetivo o indicio de reformas?

–Hay que reconocer que hay un crecimiento de la economía pero, al parecer, estamos desperdiciando esta oportunidad dorada. En las décadas de 1940 y 1960 la onza de oro costaba 35 dólares y ahora está en 1300 dólares la onza. Sin embargo, no hay mayor cambio social ni de infraestructura.

–¿Se impone, entonces, un cambio de gabinete?

–En realidad, da lo mismo. ¿Tú crees que va a cambiar algo? Los ministros están como comparsa. La batuta la lleva García, y García responde a los grandes intereses. Así de fácil.Para reelegirse, usará los programas sociales

–Al Presidente no le sonríen las encuestas, ¿hay peligro en ello?

–Yo estoy seguro de que García va a empezar a gastar fuertemente en programas sociales en los próximos años, como fue el derrotero de su primer gobierno. Tuvo una aprobación de hasta 90 por ciento redistribuyendo en los dos primeros años y luego fue un desastre. La estrategia ahora es al revés: apretar los dos primeros años, hablar de austeridad, y luego reventar cohetes para garantizarse una buena base para el 2011. García ya insinuó en su entrevista con El Comercio la posibilidad de reelegirse, y Alan no da puntada sin hilo. El gran problema es que ahora no tiene popularidad y está evaluando en qué momento empezar el gasto social.

–Pero va gastar sin objetivos, sin programas.

–A eso voy, no tiene programas sociales eficientes. No hay un objetivo claro y no se ha avanzado en las grandes reformas, como el caso de la educación. Corremos el peligro de desaprovechar la buena época de la economía y dilapidar el dinero.

La Primera, 01/06/2008

Alfredo Ferrero: La CAN y el perro del hortelano

Con CAN o sin CAN se tendrá que implementar el TLC con EE.UU. y negociarse sendos acuerdos con la UE y con China. Además de las trabas que ponen Bolivia y Ecuador a la negociación con la UE, ahora estos países actúan como el perro del hortelano: no avanzan ni dejan avanzar. La implementación del TLC con EE.UU. exige que se adecue nuestra normativa nacional a los términos de ese acuerdo. Por ello, es necesario modificar la decisión andina 486 de propiedad intelectual. En la CAN, las decisiones se adoptan por mayoría, pero no puede haber voto en contra, es decir, hay una especie de veto. Si alguien vota en contra, no hay decisión ni acuerdo. Aunque los andinos no aprueben el cambio, el Perú puede modificar su legislación y ser pasible de una acción de incumplimiento andino que genere algún tipo de sanción, lo que agravaría las tensiones en la CAN. El retiro del Perú parece cada vez más cerca, nos empujan. Aun saliendo de la CAN, hay que preservar las corrientes de comercio y de inversión. La salida de este bloque sería un duro golpe para la integración. Para el Perú es dejar un camino de trocha y pasar a una carretera de varias vías.

Perú.21, 29/05/2008

Javier Diez Canseco: A Contracorriente. Hortealan muerde a comunidades

Navegando entre el estilo de Don Francisco y el de Laura Bozzo, Alan García parece más el conductor de un talk-show televisivo que el presidente del Perú. Desesperado por el rating y por "hacer noticia", puede –estimulado por la TV o la radio– patinar vergonzosamente inventando que postulamos a ser sede de los Juegos Olímpicos, sin que siquiera su jefe del IPD y amigo fujimorista Arturo Woodman lo sepa. Todo vale, con tal de arrancar un titular que dé aires de grandeza a su frustrante gestión presidencial. Pero en realidad, por encima de su incontrolable egolatría y afán de protagonismo, García es hoy la cabeza de un peligroso proyecto político que busca profundizar el programa fujimorista y el modelo neoliberal en todos los campos. Engreído y aupado por las transnacionales a las que sirve y buscando consolidar el poder de una oligarquía recompuesta, García busca implementar su manifiesto del perro del hortelano.
Su más reciente maniobra, en ese camino, es el inconstitucional DL 1015, que busca abrir el curso a la venta de tierras de las comunidades campesinas y nativas a favor de las transnacionales que explotan nuestros recursos naturales, ubicados precisamente en esas tierras o en sus inmediaciones. ¿El método? Sencillo: establecer que el 50% más uno de los comuneros asistentes a una Asamblea pueden decidir la venta de tierras comunales. No la mitad más uno de los registrados en el padrón comunal: la simple mayoría de los asistentes. Todos sabemos a qué se presta esta norma, así como las corruptelas que ha de alentar para cumplir su fin: concentrar la propiedad de las tierras en manos de grandes consorcios y traficantes para facilitar el acceso a la tierra y a los minerales o fuentes petroleras que hay en sus entrañas.
Sin vergüenza alguna, García ha convertido en DL promulgado por el Ejecutivo –pasando por encima del Congreso– el proyecto de ley 1992 presentado el 2007 al Parlamento y que no lograba aprobar. Aplicando su teoría de que el Congreso es una traba y tratándolo como estropajo, ha impuesto sus designios.
Le importa un pepino que la Defensoría del Pueblo (Informe 016-2008-DP) haya respondido a un pedido congresal de opinión, señalando que "el Estado debe proveer una protección especial a las tierras comunales y, por ende, debería requerirse un número de votos calificado (un 66% dice el informe) que refleje la voluntad de casi la totalidad de los comuneros en el caso de que se pretenda disponer de aquella. Dicho deber de protección no se cumpliría si el Estado permite que la decisión de disposición de las tierras comunales fuera de responsabilidad "de los asistentes a la Asamblea". Más claro ni el agua, pero ni a García ni a su patronal minera les interesa.
El DL 1015 violenta el Art. 89 de la Constitución, que declara imprescriptibles las tierras comunales. Arrasa los criterios de la Constitución histórica del Perú que siempre las ha declarado imprescriptibles, inenajenables e inembargables, al considerar que la tierra comunal es más que una propiedad o un terreno: es el medio de vida y de seguridad alimentaria de los pueblos originarios, un espacio de identidad y un territorio (más que un terreno) ordenado y regido por instituciones tradicionales, autoridades electas por los comuneros, formas de seguridad propias (como las rondas campesinas), formas de administración de justicia comunal y antiguas tradiciones de solidaridad y trabajo común (minka, ayni, etc.). Todo ello pretende ser barrido por el poder del dinero y el arrinconamiento de las familias comuneras por la pobreza y el abandono estatal.
El DL 1015 hace tabla rasa de los convenios internacionales firmados por el Perú en materia de derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Arremete contra más de 7 mil comunidades y cientos de miles de familias comuneras en la sierra y la selva. Quiere morderles un buen trozo de sus territorios y recursos naturales.
En este cuadro, la CCP, la CNA, CONACAMI, y numerosos movimientos regionales como el Frente Patriótico de Loreto, el Frente de Defensa de Madre de Dios, organizaciones populares de Puno, Cusco, Apurímac, o la Junta de Regantes de Áncash han reaccionado con movilizaciones y demandas de derogatoria inmediata. Se llama a un Paro Agrario el 8 y 9 de julio, que enlazará con el Paro Amazónico del 8, 9 y 10 de julio, ya aprobado; y, ciertamente, con el Paro Nacional, Cívico y Popular del 9 de julio.

La República, 26/05/2008