El búfalo del hortelano

Una organización aguaruna del Cenepa ha presentado tres denuncias fundamentadas a la Direccción de Concesiones Mineras del ministerio de Energía.

Las tres se refieren al artículo 71 de la Constitución, que prohíbe a los extranjeros tener, ni directa ni indirectamente, minas o tierras dentro de los 50 kilómetros contiguos a cualquier tramo de nuestras fronteras.

Es cierto que ese mismo artículo estipula, como excepción, el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado en Consejo de Ministros.Sin embargo, ese no es el caso al que se refiere Zebelio Kayap, uno de los principales líderes de los aguarunas en el Cenepa.

El caso al que se refiere Zebelio Kayap es el de unos mineros peruanos que tenían concesiones en la zona reservada Santiago- Comaina y en el Parque Nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor. Esas concesiones se dieron a pesar de las advertencias que, originalmente, plantearon expertos del Inrena.

Esas advertencias constaron en el informe número 941, publicado el 8 de enero del 2008, y apuntaban, entre otras cosas, a lo siguiente:“...los petitorios mineros se encuentran ubicados en una zona de amortiguamiento, sobre un abanico de ríos que desembocan al río Cenepa, el mismo que ingresa, aguas abajo, a la Reserva Comunal Tuntanain, por lo que el desarrollo de actividades mineras en dichos petitorios conlleva una elevada probabilidad de contaminación...”

Presiones del alanismo corrupto y “perrohortelánico” llevaron al desaparecido Inrena a retractarse, aunque, curiosamente, sus especialistas no cambiaron un ápice sus puntos de vista ambientales. Fue una manera de dejar constancia de la situación de rehenes en que tuvieron que firmar el segundo documento.

En ese momento era dueña del denuncio la empresa minera Afrodita, de propiedad del empresario peruano Jorge Bedoya Torrico.

Bedoya, que tiene influencia en los círculos de poder del alanismo, fue uno de los que más presionó al Inrena para que “admitiera” que, a pesar de los peligros de polución, el proyecto fronterizo podía hacerse.

Meses después, sin embargo, Bedoya Torrico se olvidó del emprendimiento, dejó de lado su espíritu aventurero y, de un sopapo, le vendió la concesión entera a Dorato Perú, una empresa que ahora finge ser peruana pero que es más canadiense que Air Canada.

En efecto, Dorato Perú es la subsidiaria “nacional” de Dorato Resources, empresa canadiense que es parte del Grupo Cardero.Vicepresidente del Grupo Cardero es un gran amigo de Alan García. Se llama Carlos Ballón.

En la página electrónica de Cardero Resource Corporation se puede leer lo siguiente: “Carlos Ballón, VP South America.-A graduate from Colorado School of Mines and experienced mining engineer...Advisor to APRA (Mr. García’s party) to develop Peru’s current Mining Plan. Advisor to Scotia Bank Peru (former Banco Wiese) on settlement of Minera Milpo and Minera Atacocha (Peru’s largest Zn producers)...”Sí, señores: el señor Carlos Ballón, asesor del doctor Alan García en temas de minería, miembro principalísimo del equipo que diseñó el plan minero del gobierno aprista, es el hombre que, en nombre de la corporación canadiense que vicepreside, está detrás de la compra de la mina Afrodita.

Para que esa transacción fuese legal hubiese sido necesario cumplir con el requisito que establece el artículo 71 de la Constitución, es decir el decreto supremo “aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”.

Hasta donde sabemos ese decreto no ha sido promulgado. Y, por lo tanto, la presencia de esta mina de canadienses, por muy bien representada que esté por el señor Ballón, es ilegal porque se sitúa dentro de los 50 kilómetros de interdicción que señala el artículo 71.

Para los chinos que compraron Majaz, una de cuyas extensiones muerde la frontera con Ecuador, García sí expidió el decreto correspondiente. Esta vez ni siquiera se ha tomado la molestia. Total, la cosa queda casi en familia. Y con el Congreso pareciéndose cada vez más al Parque de las Leyendas, todo discurre suavemente.

En enero de este año el viceministro de Minas Felipe Isasi les juró a los aguarunas que era una mentira que la canadiense Dorato hubiese comprado la mina Afrodita.“Nos pidió que lo ayudásemos a encontrar pruebas del asunto”, dice un dirigente aguaruna.

Ahora, luego de las tres cartas denunciatorias presentadas una tras otra, ni el vice ni el ministro dicen nada. Como tampoco dicen nada cuando los aguarunas argumentan que la concesión minera jamás les fue consultada, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo.

Esa es la política del búfalo del hortelano. Eso es “poner en valor”. Eso es demostrar que “las riquezas del subsuelo pertenecen a todos los peruanos”. Con la intermediación de chinos y canadienses, claro está. Y con la participación de los amigos del doctor García.

La Primera, 23/05/2009

Alfredo Ferrero: CAN del hortelano

Tan de moda en el Perú que hasta los artículos del presidente García se refieren al "perro del hortelano", pocos conceptos se aplican tan bien como este a la CAN (Comunidad Andina de Naciones). Por coincidencia, además, en el diccionario de la Real Academia Española CAN significa "perro, mamífero canino".
Desde su fundación la CAN no ha sido capaz de consolidar adecuadamente el proceso de integración continental; ya han pasado 40 años. Si bien hay algunos éxitos, como la zona de libre comercio andina, han sido más los intentos fallidos y reveses y, sobre todo demoras, en entender cómo funciona el mundo hoy.
Desde que el Perú empezó a negociar acuerdos comerciales bilaterales comerciales, la CAN parecía más una camisa de fuerza que un grupo orientado a la integración con el resto del mundo, con los mercados más grandes. Parecía hecha para negociar entre nosotros y levantar las barreras hacia fuera, mismo castillo medieval.
La CAN se instituyó en 1969 como Pacto Andino y a lo largo de su historia fue incapaz de mantener a sus miembros originales. Se apartaron primero Chile, que negoció una ventana de acuerdos comerciales, y luego Venezuela, que creó el ALBA.
Ocho años de negociación nos llevó con el Mercosur hasta que el Perú apuró el proceso; luego el ALCA, que pretendía para el bloque andino un mismo arancel externo "común" que fue imposible de consensuar. Con el TLC con EE.UU. se empezaron a intensificar las diferencias: Perú y Colombia avanzaban, Ecuador quería pero no podía, y Bolivia nunca fue parte del proceso del TLC a pesar del interés del sector privado, especialmente, de Santa Cruz.
La negociación andina con Europa en bloque no avanza porque de los cuatro socios que quedan, dos no desean esa negociación. Si se mantiene esa dinámica será un proceso eterno pero no por la negociación sino por la falta de voluntad política.
Perú está en la fase de implementación del TLC con EE.UU. A duras penas y en forma discutible, violando la normativa del consenso andino, el Perú ha logrado pasar una norma para adecuar e implementar el capítulo de propiedad intelectual. Bolivia no solo no lo aprueba, sino que Evo le pide a Alan un debate sobre el TLC, que él mismo ni comprende; es decir, la CAN no hace ni deja que otros hagan, no avanza ni deja que otros avancen, esta es la CAN del hortelano. A pesar de que en forma discutible jurídicamente los países han modificado la normativa andina en este caso, eso no garantiza que hacia delante no encontremos más piedras en el camino.
Bolivia no logra resolver sus problemas internos, Ecuador preside la CAN y promueve una cumbre presidencial, como tantas otras que no han dado resultados, mientras García en Lima envía cartas a la UE para pedir una negociación bilateral. Venezuela pretende ayudar a Bolivia en crisis con declaraciones que ofenden el orgullo del ejército boliviano y mientras tanto la CAN se sigue desintegrando y el Perú esperando.
La CAN del hortelano necesita una reingeniería profunda para subsistir, que no creo posible en el actual escenario. Al Perú le queda como opciones, primero, mantenerse en la CAN y apostar tercamente por su modernización lo que es difícil con Evo y Correa. Segundo, la opción más radical, la de Chile y Venezuela, irse y mantener la zona de libre comercio andino. Y la tercera es la vía intermedia: renunciar a la condición de socio y solicitar la de asociado, sin voto y sin voz pero participando como Panamá, Chile y Brasil, es decir, solo declarativa o figurativamente.
Tal vez la decisión está cerca. Lo que está claro es que nunca antes el Perú había tenido tantas razones para hacer esta evaluación y tomar la decisión que más nos conviene como país.

el Comercio, 02/10/2008

Raúl Wiener: Un país de perros

Ya sabe el gobierno que el perro del hortelano también muerde. Se lo demostraron los pescadores y los armadores pequeños y medianos, y se lo están mostrando los amazónicos. Pero es sólo el comienzo. También las comunidades de sierra se rebelan contra el DL 1015 y el 1073 (facilita la venta de tierras) y las aledañas a los denuncios mineros que deben agregar la amenaza del 1064 (retira a las comunidades capacidad de decisión para la ejecución de proyectos mineros en sus territorios). Y en la lista siguen los trabajadores de las empresas públicas contra el 1031 (privatización), los portuarios contra el 1022 (concesión a operadores privados), las organizaciones de productores lecheros contra la 1035 (Ley Gloria), las poblaciones de la selva contra la 1090 (sobre fauna silvestre y explotación forestal, conocida como ley de la selva), y seguramente se unirán en algún momento los trabajadores de las medianas empresas convertidas en “pequeñas” para reducir los derechos laborales (DL 1086) y otros que recién van tomando conciencia de que han sido atropellados. El “síndrome del perro del hortelano” era una verdadera epidemia en el Perú, a pesar del ajuste y las reformas de los 90 y la persistencia en el modelo neoliberal los últimos 18 años. Y sus expresiones principales eran –como quedó estampado en artículos presidenciales publicados en “El Comercio”– la informalidad, la pequeña propiedad, la dispersión poblacional, los grupos laborales con acceso a derechos, las tradiciones comunales, etc., que son los blancos escogidos por más de cien decretos legislativos de los que la mayoría del país todavía no toma conciencia. ¿Quiénes no eran perros en esta tremenda purga lanzada por el poder político? El presidente nunca dejó dudas que los buenos eran aquí las grandes empresas y multinacionales que por el dinero que tienen pueden hacerse cargo de inmensas explotaciones, comprometerse en inversiones ambientales, otorgar mayores derechos laborales, introducir tecnología de punta, pagar más impuestos y realizar gasto regional y local. Estos comen (¡cómo comen!), pero dejan comer, a diferencia de los peruanos hijos de la crisis y de los modelos fallidos de nuestra historia, que bloquean la modernidad. Por lo menos eso es lo que cree el presidente y lo que está en la base de los nuevos conflictos que apuntan a extenderse.

Cuando alguien hace el análisis y llega a la conclusión que el 80% del país está equivocado y es una manga de perros, y que se puede gobernar para beneficiar al 1% y mantener la ilusión de una estrecha minoría, se produce un desequilibrio grave. Eso estamos viendo. Pero el gobierno quiere hacernos creer que Chávez, Humala y las ONG son los culpables de lo que está pasando.

La Primera, 20/08/2008

Carlos Castro: La ONP, el otro perro del hortelano

El 10 de diciembre del 2001, cuando tenía 80 años, Ubilde Suárez Cornejo, combativo dirigente de los jubilados, murió, tal vez como lo había soñado, en la última etapa de su vida, luchando por los derechos de sus compañeros. Lo irónico es que el presidente García, que en más de una oportunidad ha convocado a los jubilados a Palacio, no ha citado en ningún momento el caso de Ubilde Suárez y menos ha juzgado necesario dirigir crítica alguna al compañero jefe de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, institución indirectamente responsable de la muerte del líder de los pensionistas.
La Defensoría del Pueblo destapó esta semana la ineficacia de ese elefante conocido como la ONP y que en lugar de servir a los jubilados –que con toda justicia reclaman su derecho a una pensión digna– los esquilma y hace todo para robarles unos cuantos soles, mientras, en abierta contradicción con los fines para los que fue creada, paga millones a estudios de abogados para irse en contra de esos pensionistas. El estudio de la DP confirma además que los funcionarios de la ONP desconocen las leyes que garantizan los derechos previsionales.
Ahí está seguramemte la explicación de por qué cuando un trabajador inicia el vía crucis para su jubilación encuentra siempre a burócratas de la ONP insensibles a sus reclamos y que lo único que hacen es envolverlos en una maraña de papeles. Lo peor es que ninguno de los burócratas, que irónicamente viven con el sueldo de los jubilados, se toma el tiempo de darles alguna explicación. Las estadísticas de la Defensoría no mienten: hay 40 millones de documentos de reclamos sin digitalizar, 96 mil expedientes sin calificar, recursos de reconsideración y apelación que llevan más de un año de antigüedad sin que los recurrentes reciban respuesta alguna. Hay demora en la tramitación de los recursos y en la calificación de los expedientes y se desconocen abusivamente años de aportaciones, reintegros y pensiones devengadas.
El jefe de la ONP, José Luis Chirinos, no tuvo mejor respuesta, ante la andanada de críticas, que denunciar a supuestos pensionistas "apócrifos" que cobran sin ser jubilados, como si eso fuera lo central del problema, cuando su organización, como lo dicen los propios interesados, no les sirve para nada.
Hay hechos indignantes que no deberían continuar un día más. Destinar más de 14 millones de soles a estudios de abogados para enfrentar en el Poder Judicial las justas demandas de los pensionistas es una desvergüenza que subleva a los trabajadores. Una de las injusticias en las que incurre diariamente la ONP es la que se comete en contra de los miles de jubilados que tramitan su bono de reconocimiento o su pensión. Ellos presentan su solicitud con los documentos de las empresas en las que han laborado –muchas de las cuales ya están cerradas– y reciben como respuesta que los inspectores de la ONP no han podido verificar las constancias entregadas. El trabajador inicia entonces su propia búsqueda, para lo cual se le otorga un plazo de solo 15 días. Es decir que lo que los empleados del señor Chirinos no han podido lograr en meses o semanas el pensionista tiene que hacerlo en dos semanas. Pero lo peor viene después. Si el trabajador, al final de esa larga búsqueda, consigue los documentos que ameritan sus años de aportaciones al Seguro, la ONP le responde que, según "la Ley 27444", su reclamo ha expirado. Una ley no puede estar por encima de la Constitución, que en su artículo 2 señala el carácter irrenunciable de los derechos laborales de los trabajadores. Aquí es donde comienza la segunda parte de su vía crucis. El pensionista es obligado a presentar tres documentos ante la ONP, pero estos serán igualmente rechazados. Recién entonces podrá acudir al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si no puede pagar un abogado que elabore su demanda? Le han robado lo que con justicia le corresponde. El presidente García debería preguntarse si aquí, en la ONP, en el maltrato a los jubilados y en las pensiones que les roban, no está una de las explicaciones a la caída que tiene en su aprobación.

La República, 20/07/2008

El plomo del hortelano

Hugo Villa, integrante del Movimiento por la Salud de La Oroya, aseguró que una gran cantidad de recién nacidos de ese lugar tienen elevados niveles de plomo en la sangre por la explotación minera de la zona. A pesar de los comprobados daños que la minería produce a la agricultura, al ambiente y la salud de los campesinos, el Ejecutivo sigue empeñado en imponer más compañías mineras.

La Primera, 09/06/2008

“García: perrito faldero de las transnacionales”

El destacado sociólogo e historiador Nelson Manrique habla sobre el Presidente y las erráticas medidas de su gobierno.

Nelson Manrique analiza las últimas medidas auspiciadas por el presidente García. Habla, entre otras cosas, del Decreto Legislativo anticomunidades 1015, del ingreso de tropas norteamericanas, la pretensión reeleccinista y la tendencia autoritaria y represiva.

–El Decreto Legislativo 1015, que facilita la venta de comunidades nativas, ¿justifica las anunciadas protestas de los comuneros?

–Largamente, las comunidades son muy fuertes y creo que los asesores que han armado este decreto legislativo no saben en qué se han metido. Han pateado el avispero.

–Algunos sostienen que se debe a la tozudez del presidente García, quien incluso lo adelantó en su serie periodística ‘El Perro del Hortelano’.

–Esa es una especie de conversión al neoliberalismo de caricatura. Lo de García es de historieta. No hay ningún balance, no es que haya evaluado los errores de su primer gobierno y se haya puesto objetivos para recuperar el tiempo perdido...

–Es que el presidente García no se equivoca…

–(Risas) Claro, pero por hablar tanto del perro del hortelano se ha convertido en el perrito faldero de las grandes transnacionales. Es triste.

–¿Y en esta línea se puede enmarcar el ingreso, casi a escondidas, de militares norteamericanos a nuestro territorio

En efecto, eso es realmente preocupante. Hay que recordar que la base aérea de Manta, en Ecuador, se va a cerrar el próximo año y Estados Unidos, a partir del 2 de julio, tiene planeado volver a patrullar toda América Latina. Hay que recordar, además, la existencia del Plan Colombia. En ese contexto, es preocupante el ingreso de más de un millar de soldados norteamericanos a una zona de guerra en el Perú (el VRAE). El gobierno se está allanando a Estados Unidos y el ministro Ántero Flores Aráoz está haciendo de taparrabos.

–Y el Apra no quiere que Flores Aráoz vaya al Congreso a explicar el ingreso de los militares extranjeros.

–Esa es, precisamente, una razón más para que se presente en el Congreso. El Apra tiene que actuar de forma más transparente. No puedo afirmar que el Apra está fomentado la instalación de una base norteamericana en el país, pero hay muchas dudas. Este es un problema mayor que puede afectar la soberanía nacional. No es como el problema de los patrulleros de Alva Castro. Este puede ser un problema grave.

–Se han anunciado varios paros y marchas para julio: campesinos en Ayacucho, los mineros, la CGTP, el Sutep. ¿Teme usted una represión violenta durante estas jornadas?

–Bueno, toda la retórica de García apunta eso. Es preocupante porque, además, sigue sin esclarecerse la muerte de los campesinos de Ayacucho (durante el paro del 19 febrero). Es alucinante que seamos el único país en el mundo en que el Presidente diga a los policías: primero disparen, luego piensen. Es peligroso y lo es más porque gran parte de la prensa se calla. García representa a un sector del país que quiere mano dura, la burguesía que piensa a muy corto plazo y que genera escenarios de conflicto. La gente en la calle tiene miedo. Necesitamos un Estado que respete las diferencias.

–Pero el discurso oficial va por el otro lado, busca la confrontación…

–Y alimenta las tendencias más extremistas tanto de la derecha como de la izquierda. Alienta la fuerza bruta cuando debiera alentar una democracia verosímil en que la gente sienta que la justicia es para todos. Algo que en el Perú suena a mal chiste. El gobierno no busca que todos vayamos por el mismo camino.

–Hablando de caminos, a casi dos años del gobierno de Alan, ¿usted encuentra algún objetivo o indicio de reformas?

–Hay que reconocer que hay un crecimiento de la economía pero, al parecer, estamos desperdiciando esta oportunidad dorada. En las décadas de 1940 y 1960 la onza de oro costaba 35 dólares y ahora está en 1300 dólares la onza. Sin embargo, no hay mayor cambio social ni de infraestructura.

–¿Se impone, entonces, un cambio de gabinete?

–En realidad, da lo mismo. ¿Tú crees que va a cambiar algo? Los ministros están como comparsa. La batuta la lleva García, y García responde a los grandes intereses. Así de fácil.Para reelegirse, usará los programas sociales

–Al Presidente no le sonríen las encuestas, ¿hay peligro en ello?

–Yo estoy seguro de que García va a empezar a gastar fuertemente en programas sociales en los próximos años, como fue el derrotero de su primer gobierno. Tuvo una aprobación de hasta 90 por ciento redistribuyendo en los dos primeros años y luego fue un desastre. La estrategia ahora es al revés: apretar los dos primeros años, hablar de austeridad, y luego reventar cohetes para garantizarse una buena base para el 2011. García ya insinuó en su entrevista con El Comercio la posibilidad de reelegirse, y Alan no da puntada sin hilo. El gran problema es que ahora no tiene popularidad y está evaluando en qué momento empezar el gasto social.

–Pero va gastar sin objetivos, sin programas.

–A eso voy, no tiene programas sociales eficientes. No hay un objetivo claro y no se ha avanzado en las grandes reformas, como el caso de la educación. Corremos el peligro de desaprovechar la buena época de la economía y dilapidar el dinero.

La Primera, 01/06/2008

Alfredo Ferrero: La CAN y el perro del hortelano

Con CAN o sin CAN se tendrá que implementar el TLC con EE.UU. y negociarse sendos acuerdos con la UE y con China. Además de las trabas que ponen Bolivia y Ecuador a la negociación con la UE, ahora estos países actúan como el perro del hortelano: no avanzan ni dejan avanzar. La implementación del TLC con EE.UU. exige que se adecue nuestra normativa nacional a los términos de ese acuerdo. Por ello, es necesario modificar la decisión andina 486 de propiedad intelectual. En la CAN, las decisiones se adoptan por mayoría, pero no puede haber voto en contra, es decir, hay una especie de veto. Si alguien vota en contra, no hay decisión ni acuerdo. Aunque los andinos no aprueben el cambio, el Perú puede modificar su legislación y ser pasible de una acción de incumplimiento andino que genere algún tipo de sanción, lo que agravaría las tensiones en la CAN. El retiro del Perú parece cada vez más cerca, nos empujan. Aun saliendo de la CAN, hay que preservar las corrientes de comercio y de inversión. La salida de este bloque sería un duro golpe para la integración. Para el Perú es dejar un camino de trocha y pasar a una carretera de varias vías.

Perú.21, 29/05/2008