La Amazonía Peruana fue acusada en octubre del año pasado de padecer el síndrome del perro del hortelano. Ahora empieza a sufrir realmente el síndrome Alan García con las interminables y fatigosas colas para comprar gasolina y gas y la subida a alturas ya inalcanzables de los precios de los alimentos.
El síndrome hace evocar los duros y hostiles días finales del primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990), cuando el anhelo generalizado de todo el país era que terminase de una vez su insoportable gobierno. Los síntomas se han empezado a sentir en la Amazonía en el primer trimestre del 2007.
En mayo del año pasado en Iquitos la botella de aceite costaba S/. 2.80 en el mercado de Belén; el kilo de arroz 1.40, el kilo de pollo 2.80, el azúcar 1.80 y la papa 1 sol el kilo. En la primera semana de noviembre el precio del litro de aceite había trepado S/. 4.80, el arroz a 2.20, el pollo había levantado vuelo a 4.50 y el azúcar a 2.40. Los precios siguen subiendo en estos días lo mismo que la cólera popular.
Los productos regionales también estaban por las nubes en noviembre del 2007. Cuatro pequeñas palometas (pescados) se vendían a S/. 5.00. En este caso porque la biomasa pesquera disminuye aceleradamente por las prácticas irracionales y depredadoras de captura en los ambientes naturales ante la culposa indiferencia del llamado Ministerio de la Producción. La demanda anual de pescado en Iquitos sobrepasa las 30 mil toneladas métricas. La oferta no llega a 7 mil toneladas métricas.
El 3 de este mes, en Tarapoto, mientras esperaba un vehículo para viajar a Yurimaguas para participar en el foro “Desarrollo Amazónico con Inclusión, Dignidad e Identidad” la propietaria del pequeño restaurante de la estación me narró su vía crucis: el precio del balón de gas había prácticamente estallado de 30 a 40 soles, el pan de 6 por 1 sol había saltado a 4 por 1 sol. El menú que ofertaba a los viajeros había subido de 3 a 5 soles, pero sus ventas diarias habían caído de 250 a 150 soles.
En Yurimaguas las amas de casa estaban al borde de un ataque de nervios. El aceite “Palmarola” que produce Dionisio Romero se había disparado en cuestión de días de S/. 3.50 a 6.00 y el saco de harina, del trigo que también importa el mismo dueño de “Alicorp”, el mayor oligopolio importador de alimentos del Perú, se vendía a S/. 130 soles cuando sólo hacía una semana costaba 68 soles el saco de 50 kilos.
La crisis y la imprevisión
Fiel a su estilo, el presidente García ha culpado a la crisis alimentaria mundial de esta inflación de precios en el Perú. Es cierto que los altos precios del petróleo, las devastaciones que ocasiona en la agricultura el calentamiento climático, las tierras agrícolas que se destinan ahora a la producción de biocombustibles y los 6 mil millones de subsidios que otorga la administración Bush a estos cultivos, el incremento de la demanda alimenticia en países como China y la India y sobre todo la criminal irresponsabilidad de los organismos multilaterales y los gobiernos de haber dedicado sólo el 4 por ciento de toda la inversión pública en el último cuarto de siglo al campo a sabiendas que en el medio rural vive el 75 por ciento de toda la población pobre del mundo, son, entre otras, las causas de esta crisis.
Pero es cierto también que otra vez la atávica imprevisión nacional tiene que ver con esta inflación alimentaria en el Perú. El primer gran aviso de esta crisis lo dio a los cuatro vientos el presidente George W. Bush el 21 de enero del 2007 cuando en su informe del estado de la Unión anunció la reducción del 20 por ciento del consumo de carburantes fósiles en una década. Al día siguiente, los precios del maíz se dispararon en Estados Unidos y el recién estrenado presidente de México, Felipe Calderón, enfrentó la “crisis de las tortillas”.
Catecúmeno del desfasado catecismo neoliberal, al presidente García no se le ocurrió mejor idea que eliminar prácticamente todos los aranceles de los alimentos importados a través de los Decretos Supremos 211, del 28 de diciembre del año 2006, del 105 del 19 de julio del 2007, del 158 del 13 de setiembre del año pasado y del Decreto Supremo 038 del 7 de marzo pasado. “Con esta medida, los precios de los alimentos bajarán en un promedio del 10 por ciento en los próximos seis meses”, anunció exultante el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, como ha citado la revista “Agronoticias”.
Por supuesto que los precios de los alimentos no sólo no bajaron, sino que saltaron a las nubes. También saltaron de satisfacción los oligopolios que se estima que con la eliminación de aranceles ganaron un promedio de 500 millones de dólares. Por su lado, los agricultores nacionales que producen 25 millones de toneladas de alimentos anualmente quedaron a merced de la voracidad de los oligopolios. “La eliminación de los aranceles nos ha quitado todas las defensas, incluso para enfrentar el TLC”, protesta Luis Zúñiga Rozas, presidente de CONVEAGRO.
Hambruna amenaza
El calentamiento climático está haciendo estragos en la Amazonía. Una inundación que ya dura 6 meses, como jamás ha ocurrido, ha destruido todos los cultivos y crianzas en los ríos Huallaga, Paranapura, Shanusi, Ucayali, Aguaytía y otras cuencas. Los agricultores están reclamando que se declare en estado de emergencia el agro amazónico.
Pero con los precios de los alimentos que siguen subiendo igual que las utilidades de los oligopolios (tal es su angurria que a pesar de que el precio del trigo ha bajado de 559 dólares la tonelada métrica en febrero a 394 en abril son incapaces de trasladar su menores costos a los consumidores) y de los demás intermediarios, muy pronto será necesario declarar en estado de emergencia todo el agro nacional.
Los agricultores de la Amazonía tendrán que adaptarse a los irreversibles impactos del cambio climático. Pero también tendrán la difícil tarea de hacer entender al presidente García que el agro y la alimentación es hoy en el Perú una cuestión de vida o muerte.
450 familias agricultoras lo perdieron todo
Las inundaciones en Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, dejaron afectadas entre febrero y marzo a mil 200 hectáreas de plátano, el principal cultivo en la zona de desastre, y poco más de 500 hectáreas de piña, cocona y papaya.
“Tenemos registrados tres mil agricultores con cultivos perdidos y 30 viviendas de agricultores arrasadas en las zonas cercanas al problema. Falta ver todavía las localidades más lejanas”, refirió el director regional de Agricultura de Ucayali, Carlos Mendoza,De otro lado, el río Ucayali arrasó 10 mil hectáreas, como en el distrito de Yarinacocha, donde destruyó cientos de sembríos de plátanos. Por su parte, el distrito de Callería y Masisea tienen devastados los cultivos y totalmente inundadas las zonas bajas, con lo que la cosecha para este año está prácticamente perdida.
Sin embargo, y fuera del trabajo de Defensa Civil para reubicar a los damnificados, y de la Dirección Regional de Salud, que inició el trabajo de fumigación para evitar la propagación del dengue, el Ministerio de Agricultura no ha anunciado ninguna medida de emergencia para ayudar a las 450 familias agricultoras que vieron perder su producción, lo cual agravará aún más la crisis alimentaria que vive la región.
La Primera, 25/04/2008
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