jueves, 21 de febrero de 2008

Raúl Castro Pereyra ¿Cuánto se ha avanzado?

El 25 de noviembre pasado Alan García lanzó un conjunto de recetas para agilizar a la burocracia y terminar con la inercia de un pesado Estado, todo englobado sobre la ahora popular frase del “perro del hortelano”.
Si bien muchas de las propuestas presidenciales son ampliamente debatibles y cuestionables, todas permitieron abrir un debate sobre soluciones a problemas incrustados en la historia del país.
No obstante, casi tres meses más tarde, son casi nulas las recetas aplicadas, pese al impulso inicial que el gabinete le dio al conjunto de iniciativas. Aunque hay que señalar que al menos 150 leyes aprobadas aún carecen de reglamento, que es una tarea del Ejecutivo.
Bajo todo este panorama, “el perro del hortelano” sobrevive en todo el Estado, regado en sus distintas oficinas y niveles, y hasta ha encontrado precisos lugares donde reposar en el Congreso.
Lo que se cuestiona, no es que no se aprobaran en el Parlamento, sino que muchas propuestas ni siquiera se debatieran.
El balance es entonces negativo, pues además de dejar en blanco y negro que agilizar la inversión también implica todo un trámite, incluso en las más altas instancias, a su vez queda desnudo la falta de un dialogo político en el Parlamento.
Peor aún resulta saber que la situación no cambiará en los próximos meses, pues el Congreso camina por un sendero distinto al de la ciudadanía. Su agenda es otra.

Gestión, 19/02/2008

2 comentarios:

Gori Tumi dijo...

Algo más sobre el "perro del hortelano". La ley 29164[1] y el entreguismo estatal.


Habíamos opinado sobre esta ley anteriormente y dicho que esta se presenta como una figura comercial exclusivamente diseñada para favorecer los intereses económicos de los grupos de poder vinculados al turismo. Sin embargo hemos caído en cuenta, gracias principalmente al impresionante movimiento propagandístico estatal a favor de esta pésima ley, que la naturaleza patrimonial de los sitios arqueológicos es casi totalmente desconocida y sobre esta base es difícil comprender específicamente cuales son las razones técnicas para su defensa, y para el rechazo tajante de esta norma.

Este estado de la cuestión[2] se debe a muchas razones, la principal probablemente es la extendida ignorancia sobre lo que es el valor "arqueológico" respecto a patrimonio cultural, y como esta categoría implica aspectos relacionados del orden social, técnicos u científicos. Sin duda los arqueólogos tenemos la culpa de esto. Después de Tello son contados los investigadores que han acercado la disciplina en sus materiales (las huacas, los huacos, los textiles, los tupus, etc.), al hombre de la calle o el campo, incorporando un concepto a una percepción patrimonial subconsciente de origen común y de respeto a la herencia ancestral.

Esta situación ha sido evidentemente aprovechada, en primer lugar por los coleccionistas y traficantes (cuya asociación es innegable) y ahora por los grandes grupos de interés económico, claramente favorecidos por una ideología "seudo progresista" de un gobierno ignorante que vive de espaldas a la realidad nacional "multiétnica" y de una trayectoria cultural milenaria. Esta ideología se presenta como una negación de la realidad sociológica y antropológica del país, oponiendo la rica variación cultural y costumbrista, económica y de intercambios, al mundo plano y bipolar (pobres y ricos) de los negocios internacionales y el enriquecimiento a ultranza. Un mundo donde el criterio y la imposición vertical de la forma y uso priman. Este es exactamente el mismo criterio de negación e imposición vertical usada por los españoles en el siglo XVI que se aplicó en el Perú, lo destruyó y lo redujo a esto.

Los argumentos de esta ideología del entreguismo fueron expuestos claramente en dos artículos del presidente Alan García: "El Síndrome del Perro del Hortelano" y "Receta para acabar con el perro del hortelano"[3], que exponen explícitamente una política de oposición ideológica a cualquier concepción que no este en correlación a las ideas liberales del gobierno, basadas en propuestas económicas ambiguas como la de '"liberar" los "bienes del estado" que no usa o trabaja' o la de '"abrir" a la producción y al trabajo las "áreas sin uso" que tiene el país'. Esta orientación ideológica que sólo propone la ambigüedad[4] matizada con frases subjetivizadas, como "el tabú de ideologías superadas", "objetos sagrados", "telaraña de ideologías del siglo XIX", "prejuicios ideológicos" etc., a favor de la entrega comercial de nuestros recursos, es la catapulta a la reducción mercantil de todas nuestras reliquias antiguas y presentes.

Decimos esto en clara alusión a la nefasta ley 29164, la que se estuvo preparando mediáticamente durante el lanzamiento del primer artículo de marras en El Comercio. Así de evidente. En esa misma página el "Editorial" del Comercio dice sin ambigüedades cuales son las necesidades del turismo en el país y reclama para esta dos de los argumentos claves en el debate asimétrico que después se vertió sobre la mentada ley. Estos argumentos son el ya famoso "mejoramiento de servicios", y la "inversión en infraestructura" pero eliminando las trabas para el otorgamiento de licencias de construcción de hoteles (El Comercio 28 de octubre del 2007, arriba del artículo del presidente), y ya sabemos en que terminó esta última propuesta. Ahora es bastante obvio que esas dos leyes, la ley 29164, y la ley 29167[5], van de la mano.

La dación de estas dos leyes es parte de una política antinacional ejecutada mediante un lobby preparado, y después protegido por una campaña de desinformación sistemática que ha reaccionado a esta política entreguista; esto se puede ver claramente en el apoyo a la ley que proviene de una perspectiva cuadriculada e ignorante, es decir de gente que no conoce la situación patrimonial, pero más que todo las características de los sitios arqueológicos y cómo estos deben ser tratados. Un ejemplo se vio en el programa del la periodista Rosa Maria Palacios del canal cuatro ("Prensa Libre") en el cual se presentó el Congresista Aldo Vladimiro Estrada, y la congresista Maria Lurdes Alacorta. ¿Qué decía esta última congresista? Pues esto: "!No se trata de vender!, ¡solo de mejorar los servicios!" "… ¿!que pasa si quiero ir la baño!?"

Pero la periodista no se quedo atrás, cuando el congresista Estrada dijo que los sitios arqueológicos deben protegerse, adecuarse, y deben de reconocerse sus "áreas de amortiguamiento", la periodista dijo: "pero si son miles!…" evidenciando patéticamente su total ignorancia en el tema; es más dijo que estaba "orgullosa" del restauran de la huaca Pucllana por que había permitido "salvar" la huaca del abandono en que se encontraba, lo cual es también una perspectiva mediatizada de la realidad del monumento. Esto genero un penoso bloque cargamontón contra el congresista Estrada.

Como se puede ver estas argumentaciones son increíbles y no resisten ningún análisis, decir por ejemplo que "hay que mejorar los servicios" es simplemente una excusa para alentar la intervención en zonas arqueológicas patrimoniales ("áreas aledañas") sin considerar la calidad o características de estos sitios. Decir no obstante que debe mejorarse los servicios para poder ir al baño en los monumentos es una gran estupidez y habla claramente del irrespeto que estas personas sienten por nuestros monumentos. Cualquiera que conoce Ollantaytambo por ejemplo sabe que el monumento esta prácticamente rodeado por edificaciones y que en el pueblo existen gran cantidad de hoteles donde se brindan todo tipo de servicios, y hay muchos baños por cierto. Yo me pregunto, ¿quién visita los monumentos para ir al baño?, ¿cómo se puede argumentar algo así cuando se habla de patrimonio?

No se puede brindar "servicios" si no se sabe que tipo de facilidades turísticas se ofrece en los sitios que son patrimonio cultural, y eso que no hablamos de que el estado NO tiene una política turística del todo. Además de esto debe tenerse en cuenta que los sitios arqueológicos no son iguales a las áreas naturales protegidas, a la arquitectura monumental colonial, a los yacimientos paleontológicos, o a las tradiciones vivas, musicales o costumbristas consideradas patrimonio; pero más importante, es tomar en cuenta que los sitios arqueológicos no son iguales entre si y cada uno merece un tratamiento y una adecuación específica para una correcta puesta en valor, lo que se hace antes de pensar siquiera que pueden ser abiertos al turismo. Así es, todos y cada uno de los miles de monumentos arqueológicos del Perú que son testimonio de nuestro milenario y progresivo pasado. Aunque se sorprendan los periodistas.

Julio C. Tello en 1936[6], en un informe al Patronato Nacional de Arqueología, expone claramente las limitaciones de una clasificación de sitios del departamento de Lima, que en este contexto es importante recordar:

Tello dice: "Que no habiéndose realizado hasta ahora estudios especiales de cada una de estas Wacas para conocer los detalles de su estructura, su contenido, y las posibilidades de su reconstrucción, no puede hacerse por el momento una correcta clasificación a base de su importancia histórica"

La clasificación a la que alude Tello expresa el entendimiento de la complejidad tipológica y de contenido de los sitios arqueológicos de Lima y de otros que él exploró en todo el Perú. Si Tello hubiese pensado que los sitios arqueológicos del país son miles o cientos de miles y por eso no merecen ser respetados, estudiados y tratados con individualidad y personalidad propia Tello no hubiese puesto al servicio de la nación (y probablemente ahora no existirían) monumentos como Paracas y los mantos de sus necrópolis, el Templo de Chavín, Pachacamac, Sechín, Wiñaywayna, o la Huaca Juliana, que son, entre ellos mismos, muy diferentes tipos de patrimonio cultural arqueológico; los que Tello puso a disposición de la nación peruana para su propia contemplación y no para servir de negociados y del enriquecimiento de terceros.

Hay que entender que el patrimonio cultural arqueológico del Perú es extremadamente delicado y comprende una variedad extensa de tipos entre los que podemos mencionar cementerios o necrópolis (Paracas, Huaquerones, p.e.), palacios (Puruchuco, Hatún Cancha p.e.), ciudadelas (Viñaque o Wari, Marcahuamachuco, p.e.), extensas zonas con arte rupestre (Toro Muerto, Checta, Alto de las Gutarras, p.e.), pirámides y complejos de tumbas monumentales (Sipan, Cahuachi, p.e.), ciudades (Cusco, Caral, Pampa de las Llamas, p.e.), templos (Chavín, Sechín, Huallurco, p.e.), centros de peregrinación (Pachacamac, Katequilla, p.e.), entre otros. Pretender habilitar estos sitios al turismo sin un adecuado estudio es ya un error, pero pretender usarlos de plataformas comerciales y áreas de concesión es una locura. Esta ley no considera esto por que se dirige únicamente a asegurar una posición de beneficio frente a la riqueza que los grandes atractivos turísticos del país pueden ofrecer a los grandes consorcios, es decir Cuelap, Machupicchu, Choquequirao, Caral, Chavín, y Chan Chan entre otros.

Todas las demás variantes de este debate que atañe al patrimonio arqueológico se pueden ver después como elementos diagnósticos de la forma como se preparó esta ley contra el patrimonio, sea el por qué no participaron especialistas en el tema, o por qué contraviene flagrantemente las disposiciones y recomendaciones de la UNESCO referente a la protección de estas reliquias. Es más claro ahora ver que esta ley se hizo con un único fin comercial y de lucro, en contra y de espaldas a la nación peruana, la verdadera posesionaría de los monumentos, no el Estado.

Esta es pues la ideología del entreguismo, y sin una argumentación técnica la ley se aprobó con un ardid y se abuso de la ignorancia mediaticamente influenciada de la población peruana. Sin embargo, los que entendemos racionalmente o "sentimos" sobre nuestra identidad el respeto por las herencias de nuestros ancestros, ya sea en Lima, en Puquio o en Cusco, o en cualquier lugar del país, podemos ver que esta ley constituye un genuino atentado a nuestras más preciadas reliquias, los sitios arqueológicos; de donde todos los tesoros nacionales han salido siempre y que hoy están en todos los museos del mundo.

La defensa de los sitios arqueológicos contra los intereses enajenantes de los grupos de poder económico, que vienen a "mejorar los servicios" turísticos, de un turismo nacional que no tiene pies ni cabeza, es más que justificada, y no compromete ningún "prejuicio ideológico", solo sentido común. No obstante esto es cierto aún que hemos de sentir en nuestros corazones la tragedia de ver como un Estado arrogante, ignorante y vertical negocia nuestras wacas, de donde ha surgido al mundo la historia del hombre peruano. Nuestros ancestros tocan yaravíes dolorosos viendo cómo, una vez más, la amenaza y la tragedia se posan sobre sus tierras sagradas.


Gori Tumi Echevarría López
Arqueólogo
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

21 de febrero del 2008

Notas:

[1] "Ley De Promoción Del Desarrollo Sostenible De Servicios Turísticos En Los Bienes Inmuebles, Integrantes Del Patrimonio Cultural De La Nación"

[2] El día 17 de febrero del 2008 El Comercio publicó en primera plana que el 66% de la "población" esta de acuerdo con esta ley.

[3] El Comercio 28 de octubre del 2007, y El Comercio 28 de noviembre del 2007, respectivamente.

[4] La ambiguedad como preminencia en la concepción ideológica imprime en el subconciente confusión y permite, en extenso, la tolerancia sobre conceptos y nociones en contra de nuestra identidad, o de actos que estarían reñidos con la moral o el derecho.

[5] "Ley de Procedimiento Especial y Transitorio para las Licencias de Edificación, Ampliación o Remodelación de Establecimientos de Hospedaje".

[6] Julio C. Tello. 1999. Arqueología del valle de Lima. Cuadernos de Investigación del Archivo Tello. No1. Museo de Arqueología y Antropología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Patricia dijo...

Quisiera saber en qué terminó la discusión con respecto a esta ley y a la Ley de la Selva que tambien tiene relación con "El perro del hortelano". Gracias.