El domingo 2 de marzo, el presidente García nos ofreció en El Comercio su tercer artículo sobre el perro del hortelano. En él presenta los esfuerzos que el Gobierno está realizando en la lucha contra la pobreza. A continuación nuestros comentarios.
Avances. La importancia que le está dando el Gobierno a la política social es indudable y un avance respecto a la prioridad secundaria que le otorgaron gobiernos anteriores. Prueba de ello es la fusión de más de 80 a 26 programas sociales prioritarios; la estrategia Crecer, que busca articular la acción del Estado en los 811 distritos más pobres del país y el haber establecido metas para la disminución de la pobreza del 45% al 30%, y de la desnutrición crónica infantil del 24% al 16% al 2011. El gasto social se ha mantenido desde hace varios años ya, en 8% del PBI, cerca del promedio latinoamericano.
¿Qué falta? Articular la política social a la económica. En períodos de crecimiento de la economía como el que disfrutamos desde el 2001, la inversión social debería dirigirse a crear capacidades laborales, especialmente entre los jóvenes (programas habilitadores) y a promover la articulación de las pymes y pequeños productores rurales a los mercados internos y externos (programas promotores). De los propios datos ofrecidos por el presidente se desprende que en el 2007 el 80% del gasto de los 12 programas reseñados ha sido para programas protectores (distribución de alimentos, salud, vaso de leche, empleo temporal y acceso a servicios básicos). Sin negar la necesidad de estos programas para los pobres extremos (16% de los peruanos) nos parece que es indispensable reorientar el gasto social hacia programas habilitadores y promotores, para convertirlo en inversión social y hacerlo más sustentable.
Definir claramente la rectoría social y los niveles de responsabilidad. Aunque el Decreto Supremo 029 asigna a la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales la función rectora de la política social, en la práctica se aprecian liderazgos cambiantes en función del peso e influencia de los ministros de turno.
Reforzar la participación y promover la corresponsabilidad de los beneficiarios y las autoridades locales. La participación organizada de los beneficiarios y el compromiso de alcaldes y autoridades regionales es indispensable para el éxito de los programas sociales. No se trata solamente de un asunto de dinero, sino más bien de crear un consenso nacional en torno a la lucha contra la pobreza como un tema que supone derechos y responsabilidades, superando el actuar paternalista del Estado.
Buscar aliados y no culpables. La experiencia y conocimiento en programas sociales ni es monopolio del Gobierno ni es reciente. Docenas de ONG, iglesias e instituciones de desarrollo y académicas vienen trabajando en ello desde hace varias décadas. Para una serie de actividades transversales a todos los programas, como capacitación de capacitadores, sistemas de información, estrategias de monitoreo y asistencia técnica y evaluación de resultados, se debería "abrir la cancha" para contar con su experiencia y recursos humanos. Ello le daría más eficiencia y credibilidad a la política social y eventualmente a sus resultados.
Tiene razón el presidente al indicar que existen líderes radicales ("perros del hortelano") que buscan hacer fracasar los intentos de modernización y progreso social. Pero se equivoca al considerar que todos los que denuncian abusos y riesgos de la actividad minera (incluida la minería informal) o los que defienden la pluriculturalidad y el respeto a las instituciones campesinas y nativas son radicales insensatos o antipatriotas. Esperemos que la cuarta entrega del perro del hortelano, que estamos ciertos no tardará en llegar, sea un llamado a la unidad, al consenso y al compromiso colectivo, pues lo que está en juego no es ni el Gobierno ni el prestigio de los expertos, sino la gobernabilidad del país.
Avances. La importancia que le está dando el Gobierno a la política social es indudable y un avance respecto a la prioridad secundaria que le otorgaron gobiernos anteriores. Prueba de ello es la fusión de más de 80 a 26 programas sociales prioritarios; la estrategia Crecer, que busca articular la acción del Estado en los 811 distritos más pobres del país y el haber establecido metas para la disminución de la pobreza del 45% al 30%, y de la desnutrición crónica infantil del 24% al 16% al 2011. El gasto social se ha mantenido desde hace varios años ya, en 8% del PBI, cerca del promedio latinoamericano.
¿Qué falta? Articular la política social a la económica. En períodos de crecimiento de la economía como el que disfrutamos desde el 2001, la inversión social debería dirigirse a crear capacidades laborales, especialmente entre los jóvenes (programas habilitadores) y a promover la articulación de las pymes y pequeños productores rurales a los mercados internos y externos (programas promotores). De los propios datos ofrecidos por el presidente se desprende que en el 2007 el 80% del gasto de los 12 programas reseñados ha sido para programas protectores (distribución de alimentos, salud, vaso de leche, empleo temporal y acceso a servicios básicos). Sin negar la necesidad de estos programas para los pobres extremos (16% de los peruanos) nos parece que es indispensable reorientar el gasto social hacia programas habilitadores y promotores, para convertirlo en inversión social y hacerlo más sustentable.
Definir claramente la rectoría social y los niveles de responsabilidad. Aunque el Decreto Supremo 029 asigna a la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales la función rectora de la política social, en la práctica se aprecian liderazgos cambiantes en función del peso e influencia de los ministros de turno.
Reforzar la participación y promover la corresponsabilidad de los beneficiarios y las autoridades locales. La participación organizada de los beneficiarios y el compromiso de alcaldes y autoridades regionales es indispensable para el éxito de los programas sociales. No se trata solamente de un asunto de dinero, sino más bien de crear un consenso nacional en torno a la lucha contra la pobreza como un tema que supone derechos y responsabilidades, superando el actuar paternalista del Estado.
Buscar aliados y no culpables. La experiencia y conocimiento en programas sociales ni es monopolio del Gobierno ni es reciente. Docenas de ONG, iglesias e instituciones de desarrollo y académicas vienen trabajando en ello desde hace varias décadas. Para una serie de actividades transversales a todos los programas, como capacitación de capacitadores, sistemas de información, estrategias de monitoreo y asistencia técnica y evaluación de resultados, se debería "abrir la cancha" para contar con su experiencia y recursos humanos. Ello le daría más eficiencia y credibilidad a la política social y eventualmente a sus resultados.
Tiene razón el presidente al indicar que existen líderes radicales ("perros del hortelano") que buscan hacer fracasar los intentos de modernización y progreso social. Pero se equivoca al considerar que todos los que denuncian abusos y riesgos de la actividad minera (incluida la minería informal) o los que defienden la pluriculturalidad y el respeto a las instituciones campesinas y nativas son radicales insensatos o antipatriotas. Esperemos que la cuarta entrega del perro del hortelano, que estamos ciertos no tardará en llegar, sea un llamado a la unidad, al consenso y al compromiso colectivo, pues lo que está en juego no es ni el Gobierno ni el prestigio de los expertos, sino la gobernabilidad del país.
El Comercio, 11/03/2008
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