Daniel Córdova: Receta presidencial en debate

El domingo 25 de noviembre se publicó, en El Comercio, la segunda entrega del presidente Alan García sobre los obstáculos que debemos superar para lograr avanzar en términos de desarrollo económico.
En el primer artículo, el presidente presentó su renovada visión del desarrollo. Un desarrollo impulsado por la creación de riqueza que se origina esencialmente a partir de la inversión privada, la cual encuentra un sinnúmero de obstáculos, ideológicos y legales defendidos por los perros del hortelano, que no comen ni dejan comer.
En su segundo artículo dominical, García va más allá y propone algunos pasos concretos para eliminar las barreras impuestas por el perro del hortelano, las cuales estarían impidiendo que el capital privado invierta de manera masiva en sectores aún rezagados, de manera tal que el empleo y el bienestar crezcan con aun mayor velocidad.
Entrando en el detalle, podemos detectar, una vez más, aspectos notables en este ejercicio intelectual y pragmático del presidente --que todos los peruanos debemos saludar, independientemente de estar o no de acuerdo--. Pero también encontramos algunas propuestas que sobran y otras que faltan para impulsar el capitalismo en el Perú.
Lo notable sigue siendo la claridad de la visión acerca de la necesidad de incentivar la inversión pública y privada a partir de la reducción de costos legales, tributarios y burocráticos. Se trata de reformar nuestro marco institucional para generar una estructura de incentivos para las empresas, pero también para empleados públicos a fin de reducir lo que Ronald Coase --Premio Nobel de Economía 1991-- llamó los "costos de transacción": todos aquellos costos de entorno que impiden o dificultan el desenvolvimiento de los negocios.
Esto pasa por eliminar algunas absurdas licencias para la inversión privada en servicios públicos, como la telefonía o la conexión de agua. Pasa por agilizar la aprobación de los proyectos de inversión pública y por vender los activos del Estado hoy inutilizados. Pasa también por reformar el paternalista sistema de propiedad comunal en la sierra (si lo logra hará historia) a fin de incorporar al Ande a la modernidad y, algo que reitera, permitir la gran inversión para el desarrollo forestal sostenible. Pasa por alentar la inversión privada en proyectos de irrigación y por reducir los costos laborales para que más trabajadores informales pasen a la formalidad. Esto, entre otras reformas que sugiere el presidente en su segundo artículo.
Sobran, en cambio, las propuestas de estímulos selectivos para la inversión en tal o cual actividad. Adelante con una política que se incentive la reinversión de utilidades. Pero es sumamente peligroso que el gobernante pretenda decidir qué actividad es más conveniente para el país, según criterios que nunca llegan a ser claros y que suelen generar medidas cargadas de arbitrariedades y de potencial mercantilismo. Adelante con todas las medidas que alienten la inversión en general. Le aseguro que la industria metalúrgica y la maricultura se desarrollarán sin necesidad de incentivo exclusivo alguno. Adelante con la reducción general de aranceles, incluidos los de todos los automóviles, no solo para los de tal o cual tamaño. Le aseguro que el parque automotor crecerá aún más y se romperá con mayor facilidad el círculo vicioso que impide que las carreteras se hagan más financiables.
Faltan propuestas claras para democratizar el capital y, de paso, reducir la costosa presencia del Estado en la actividad empresarial. Por ejemplo, generar un programa de capitalismo popular haciendo que grandes empresas estatales como Petro-Perú o Electro-Perú listen sus acciones en la bolsa. Y con ello permitir que las AFP inviertan en dichas compañías y que se logren recursos privados para expandir sus actividades sin que esto le cueste al Estado. Se podría así lograr recursos para, por ejemplo, capitalizar al Sistema Público de Pensiones, el cual --dicho sea de paso-- debería administrarse bajo el mismo sistema de capitalización individual y de inversión racional del que goza el sistema privado.
Esperamos para una tercera entrega propuestas para reformar los servicios de saneamiento, de infraestructura portuaria, de educación y salud. Porque la consecuencia lógica de esta renovada visión presidencial tendría que ir de la mano con la promoción de la gestión privada de los servicios públicos, sobre la base de un Estado regulador mas no administrador.
Por último, debe quedar claro que nada de esto será posible si no se cuenta con una gerencia pública de calidad, lo cual exige subir el límite actual de remuneración para la alta burocracia estatal y fortalecer la carrera pública en el Ejecutivo.

El Comercio, 03/12/2007