Luis García Miró Elguera: El problema está en las leyes

En un primer intento serio por reestructurar el Estado, el Ejecutivo ha preparado un paquete de 15 proyectos de ley para remitirlo al Congreso. Las principales iniciativas son las siguientes:–Que los funcionarios estatales ganen sueldos por objetivos –y bonos de productividad–, es decir fijarles remuneraciones por meta cumplida en vez de pagarles por permanecer sentados –o ausentes– en algún escritorio. –Que las comunidades campesinas –que viven en la pauperidad total por falta de dinero, tecnología y conocimiento– reciban inversión privada para multiplicar el rendimiento de sus tierras, sin sujetar la decisión –como hoy– al voto de más de las dos terceras partes de comuneros, muchos de los cuales ni siquiera viven en sus localidades.–Que las beneficencias públicas dispongan de sus activos –propiedades legadas por benefactores– para usar esos recursos en la prestación de servicios reales a la población menesterosa.–Dinamizar el mecanismo de concesiones de propiedades del Estado –sobre todo los terrenos eriazos– condicionado a que el sector privado invierta en ellas para desarrollar actividades productivas y no especulativas.–Regular la fiscalización –aleatoria y a posteriori– de los procedimientos administrativos del Estado, para evitar esa suerte de licencia previa que enerva la inversión estatal en infraestructura, fundamentalmente.–Cambiar el régimen de autorización, fiscalización y evaluación de obras del Estado; es decir, simplificar el SNIP de acuerdo al criterio que el país necesita avanzar antes que controlar lo que no se hace.En ese sentido mucho se ha escrito y hablado sobre reforma del Estado. Pero las recetas –allí sí infinitas– se refieren solo al “qué hacer”. La mayoría de ellas, claro, siempre estrambóticas y absurdas como nuestra idiosincrasia. No obstante hasta ahora nadie explica bien el “cómo” hacer que el Estado opere con un mínimo de eficiencia poniéndolo al servicio de la sociedad.Sorprende, por ejemplo, que ningún reformador serio haya tomado en cuenta el génesis mismo del problema peruano: las pésimas, enredadas, imprecisas, interpretativas, ultrareguladoras, extrafiscalizadoras, supraineficientes leyes que regulan nuestro aparato estatal. Repetimos lo que hace tiempo reclamamos: de nada servirán los afanes reformistas si junto a la nueva legislación ágil, moderna y eficaz que debe promulgar el Congreso –para voltear de raíz al Estado– los legisladores no sancionan en simultáneo una norma sencilla pero contundente que diga más o menos lo siguiente: “deróguese el inservible acervo legal que regía anteriormente la función estatal y entre en funciones el nuevo régimen simplificado de administración del Estado”.

Expreso, 15/12/2007